Por: Claudia Patricia Núñez
En el pasado Acuerdo por la Prosperidad (APP), que se llevó a cabo el pasado sábado en la Ciudad de Valledupar, en las instalaciones del Colegio de Comfacesar, cuya temática central era la política de vivienda, quedaron en evidencia entre otras cosas, que los Acuerdos de Santos están ceñidos a un estricto protocolo, a una agenda y participación previamente acordados, es decir, todo obedece a un libreto diseñado cuyos actores no pueden salirse de su papel, tan diferentes a los criollos consejos comunitarios de Uribe, quizás por ello el malestar de los Alcaldes del Departamento del Cesar, a quienes no se les permitió expresarse sobre los problemas más agudos y las necesidades más apremiantes de sus pueblos.
Pero volviendo al tema de vivienda, quedó también en evidencia que el Municipio de Valledupar, tal como lo resaltó este diario y los distintos medios de comunicación locales y nacionales se ha convertido en referente de la política de las 100 mil viviendas gratuitas, toda vez, que su participación equivale al 61% del techo asignado al Departamento del Cesar, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ya que de las 4.166 soluciones de vivienda, 2.500 se construirán en Valledupar en los proyectos de vivienda Nando Marín y Lorenzo Morales, iniciativas que fueron formuladas y presentadas en un tiempo record, en donde la diligencia de la administración, en cabeza de la Gerente de Fonvisocial se vio respaldada por el Gobierno Nacional, no en balde aquí hace un mes el Ministro de Vivienda, Vargas Lleras puso la primera piedra del Proyecto NANDO MARIN y entregó 500 títulos de propiedad, algo nunca visto en Valledupar, en donde cientos de familias llevaban esperando hasta 40 años por un título y por esa misma gestión Valledupar fue escogida como sede del Acuerdo por la Prosperidad No.89.
Así mismo fue muy audaz la propuesta del Gobernador, Luis Alberto Monsalvo, en proponerle al gobierno nacional la cofinanciación de una convocatoria departamental denominada “ Techo a Salvo”,
en donde la administración que él preside estaría aportando 130 mil millones de pesos para la construcción de viviendas, especialmente en los Municipios de categoría 3 a 6, que en la distribución del techo presupuestal sólo le correspondió el 20% de los recursos asignados al Departamento del Cesar, como lo mencioné anteriormente.
Pero quizás lo que más evidente quedó es que los pequeños constructores de vivienda, si no se unen en alianzas estratégicas, público-privadas, están condenados a desaparecer, pues el esquema de financiación de estas viviendas, en donde primero se construye y luego se cobra, en donde no opera la figura del cobro anticipado de los subsidios, y en donde se requiere que el constructor tenga músculo financiero y solvencia económica, hace casi imposible el concurso de éstos. Reafirma este análisis la presencia de las más grandes constructoras del país en este acuerdo de la prosperidad, como el Grupo Bolívar, dueño del Banco Davivienda, Colpatria, Prodesa y Pravic, que, en consorcio con la firma local MS Construcciones, construirán las 1.600 viviendas del proyecto Nando Marín. Este panorama no tan esperanzador para los pequeños constructores, debe ser la oportunidad para que el gremio constructor local innove en cuanto a su oferta, esquemas de operación a través de fiducia mercantil y tecnología, se establezca un frente común con la administración municipal para incentivar la actividad edificadora en la ciudad, se organicen como gremio, y aquí nuevamente reitero la necesidad de crear la seccional de CAMACOL, pues está comprobado que la unión hace la fuerza, sino observen el ejemplo de Medellín, en donde el Municipio, el Fondo Departamental de Vivienda VIVA ANTIOQUIA, Constructores Privados y Cajas de Compensación, trabajan de manera articulada para lograr las metas. La segunda fase del programa de las cien mil viviendas está en marcha, pellizquémonos y actuemos.
CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA
Abogada – Especialista en Derecho Urbano
claudiapatricianunezpadilla@hotmail.com