Luego de que la Alcaldía de Valledupar demoliera las construcciones ilegales a orillas del río Guatapurí, en el sector del balneario Hurtado, algunos comerciantes que solían poner sus carpas y vender bebidas y alimentos, expresaron su inconformidad con la medida que busca disminuir las afectaciones ambientales y recuperar el cauce de la vertiente hídrica.
“Estamos inconformes porque viene el Festival Vallenato y eso es lo que da es pena y nos afecta bastante porque ya no podemos poner ni carpas ni nada, porque si no nos mamamos un comparendo”, expresó Alexander Chirino, quien se dedica a sacar y guardar unas 50 sillas cerca de ‘Mi Pueblito Vallenato’, pero a su jefe le tocó reducir el número de asientos tras la intervención.
Chirino asegura que tiene 6 años trabajando en el balneario, de eso vive, por eso considera que el alcalde debe ponerse “la mano en el corazón” y dejarlos trabajar. Sin embargo, reconoce que las carpas y residuos afectan el río: “Sí, afecta, porque hasta yo hacía aseo en ese río, todavía, porque proteger el río es lo mejor porque de ahí es que tomamos agua nosotros”.
/ FOTO: Jesús Ochoa.
El alcalde Ernesto Orozco aseguró que la administración actuó con respeto a los comerciantes durante la intervención con maquinaria. “Se habló con los ocupantes, entendieron la necesidad de recuperar el río y buscaremos soluciones para su reubicación, sin embargo, quienes reincidan serán sancionados”, advirtió.
No es la primera vez en la historia que la Alcaldía recupera el espacio natural del río y realiza actividades de este tipo, pero esta ya es una obligación producto de una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar del 26 de septiembre de 2022 y ratificada por el Consejo de Estado de Colombia en diciembre de 2024 por la grave situación de contaminación y degradación ambiental del afluente.
La decisión también involucra además a la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, Emdupar, entidades que deben contribuir para que haya una franja de protección mínima de 30 metros, además evitar el vertimiento de aguas residuales y otro tipo de residuos de manera directa.
/ FOTO: Jesús Ochoa.
Rafael Contreras, visitante que llegó unos días desde Sincelejo y se encontraba disfrutando del ambiente ribereño, declaró a EL PILÓN que está de acuerdo con el retiro de las construcciones y demás elementos ajenos: “Si al retirar las carpas y retirar otros tipos de cosas que están afectando, pues estoy de acuerdo. De alguna u otra forma altera la fauna y también el río. Es mejor estar acá en esta parte (arriba), se evitan muchos riesgos”, afirmó.
Otros desafíos
Pero las carpas y la invasión del río por los comerciantes no el único problema, afirma José Rafael Vanegas Robles, vicepresidente de la Asociación de Vendedores del Balneario Hurtado (Asprobhu), quién está ubicado en la zona de locales formales a la orilla de la carretera, lleva 22 años en esta actividad mercantil y considera que no hay regulación al comercio informal, sobre todo en temporada alta.
“Que cumplan todo lo que dice la sentencia. Aquí hay muchos problemas, tiene más de un mes que no viene la Cruz Roja, no viene la Defensa Civil, no lo quiera Dios, mañana hay un ahogado y no no hay como sacarlo porque no hay Cruz Roja, no hay Defensa Civil. Nosotros hemos hecho unos cursos, pero tampoco nos han brindado las herramientas para poder prestar los primeros auxilios”, agregó Robles.
La ciudadanía también asegura que hay explotación sexual infantil, drogadicción, inseguridad, violencia cuando hay partidos de fútbol y otros hechos que deben ser intervenidos además del aspecto ambiental, por lo cual piden una presencia institucional integral.
Por Andrea Guerra Peña.