El Ministerio de Educación Nacional impuso medidas preventivas a tres centros de educación superior en el país, incluyendo a la Universidad Popular del Cesar, UPC, por encontrar irregularidades en la estructura de gobierno y la situación financiera, administrativa y académica, que de acuerdo a los señalamientos, inciden en las condiciones de calidad que deben recibir los estudiantes.
El anuncio lo hizo la ministra de Educación, Gina Parody, quien señaló que la cartera a su cargo, dentro de las facultades de inspección y vigilancia ordenó medidas que van desde un plan de mejoramiento, el envío de inspectores in situ, la constitución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, hasta la suspensión temporal y preventivamente del trámite de las solicitudes de nuevos registros calificados o renovaciones y acreditaciones.
“La Educación es un servicio y no un negocio”, dijo la Ministra. Entre los supuestos hallazgos encontrados en la UPC, el Ministerio de Educación señaló que el rector Carlos Emiliano Oñate Gómez se encuentra inhabilitado para prestar sus servicios profesionales de la universidad.
Así mismo, que los dos últimos representantes de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario, no cumplieron el requisito de haber ejercido en propiedad el cargo de rector, conforme lo exige el Estatuto General de la Institución y además figura que los contratos de prestación de servicios que no cumplían el pleno de los requisitos.
Ante esto, el rector de ese claustro universitario, Carlos Emiliano Oñate Gómez dijo que, “ya me notificaron sobre esto, sobre lo primero, nosotros estamos completamente seguros que no tenemos ningún tipo de inhabilidad y sobre lo demás, lo hicieron con base en la visita que hicieron en el mes de junio, ellos nos invitan a que presentemos un plan de mejoramiento, esperamos que en los próximos días lo apruebe el Consejo Superior y el Ministerio lo vigile y controle.
La investigación que hicieron ellos no tiene que ver con la administración nuestra, se trata del periodo pasado en 2014”, dijo.
Las irregularidades mencionadas por recursos recibidos sin ejecutar por concepto de Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar fueron para la vigencia del año 2014, en la era de Jesualdo Hernández Mieles, según el Ministerio, “se dejaron de ejecutar 3.846 millones de pesos de los 4.062 millones recibidos en esa vigencia, es decir que solo se ejecutó el 5,32 % del total recibido en el año. Se evidenció que las conciliaciones bancarias contienen partidas sin identificar desde el 2011 a la fecha, y sin que se proceda a su respectiva identificación y registro en la contabilidad de la institución”.
Entre los hallazgos aparecieron: la afectación del patrimonio de la institución a raíz del incumplimiento del procedimiento para el cobro de cartera, el deterioro en estructura física y medios educativos y la carencia de una política de investigación.
Por Tatiana Orozco Mazzilli
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