Decenas de pimpineros que decidieron acogerse al plan de reconversión socio-laboral en el municipio de La Paz, (Cesar), denunciaron que se sienten defraudados y burlados por la Alcaldía porque al parecer dicha administración se apropió del dinero con el que estas personas pasarían de la ilegalidad a la legalidad.
Yamile Espinoza, es ama de casa cabeza de hogar y por mucho tiempo se dedicó a la venta de combustible venezolano, pero hace tres años decidió ser parte del proyecto liderado por entidades del Gobierno Nacional, empresas privadas que busca sacar a los pacíficos del mercado del contrabando de gasolina que ha dejado centenares de víctimas mortales.
El 22 de septiembre, Yamile se graduó en piscicultura al igual que otras 72 personas más que obtuvieron títulos en diferentes carretas técnicas que cursaron en el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena Regional Cesar, pero según la mujer los grados fueron simbólicos porque los 4.500 millones de pesos que serían utilizados para las microempresas y negocios con los que sobrevivirían, al parecer tomaron otro rumbo.
En el 2013 se realizó un censo en donde identificaron a 1.111 familias dedicadas a la venta de gasolina de contrabando, de las cuales en la primera fase del proyecto de reconversión laboral escogieron 270 para que se capacitaran con el Sena.
El alcalde de La Paz, Wilson Rincón Álvarez explicó que a estas personas se les da capital semilla, crédito, todo esto coordinado por la administración municipal.
“Firmamos actas de entrega que nosotros renunciábamos a esos negocios (venta de gasolina ilegal), acta de recibimiento de las semillas y hasta nos hicieron sacar Cámara de Comercio, cuentas y estatutos todo organizado como tenía que ser hasta incluso el papel de arrendamiento donde íbamos a tener el negocio”, dijo Yamile Espinoza.
Para reiniciar sus vidas con empleos formales, cada familia recibiría cuatro millones 500 mil pesos, de los cuales dos millones 250 mil pesos son la semilla capital que entregaría el Estado y la otra parte como un crédito que sería cancelado a medida que el negocio diera frutos.
“Con mi grupo de cinco personas llevamos 800 mil pesos gastados porque esa tierra nos tocó arrendarla y limpiarla. Esta es la hora que todavía no nos han entregado la semilla y supuestamente el Alcalde dice que ya la dio y creen que ya estamos en esa actividad y así no es”, explicó Yamile, quien está actuando como vocera de los pimpineros que decidieron dejar de lado la ilegalidad y contribuir a la sociedad con trabajo honrado.
“Primero voy a la Alcaldía y se tiran la pelota el uno al otro, que el Alcalde no quiere firmar, que los papeles están incompletos cuando todo eso está completo.
Yo le pregunté a la gestora y una de las encargada del proyecto, la doctora María Lourdes, con lo que me sale y que me parece tan ilógico, con que esa plata pasó al Municipio y que los concejales estuvieron de acuerdo. En estos momentos me estoy llenando de pruebas, que no es así, estuvieron de acuerdo fue para que nos dieran ese dinero a nosotros”.
Ante esta situación, las personas que acordaron cambiar sus actividades ilegales aseguraron que todo fue un fraude con el que destruyeron sus sueños y abusaron de su buena fe.
“Yo me pregunto en estos momentos quien es mal ilegal, si la Alcaldía o el que se ha apropiado de algo que es de nosotros, o el pueblo que tratamos de sacar adelante nuestras familias porque aquí no hay empleo. El dinero hace tres años esta, 4.500 millones de pesos, y cómo es posible que ese dinero se haya ido más en administración que en la reconversión para la ayuda que necesitamos nosotros los gasolineros, nosotros somos un gremio que dimos nuestra palabra, que decidimos cambiar de actividad.
Por eso estamos indignados porque vienen a burlarse en nuestras caras”, acotó Yamile, quien junto a varios afectados están acordando hacer una protesta pacífica y entablar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes porque afirmaron que la plata se perdió.
De los más de cuatro mil millones, el Sena aportaría en formación 212.800.000 de pesos; la Alcaldía de La Paz 234.237.500 millones de pesos; el Fondo de Ecopetrol 2.137.500.000 millones; y Ecopetrol Operación 762.487.950 millones.
Según Yamile Espinoza, todo este dinero habría sido malgastado o invertido en proyecto ajenos al programa de reconvención laboral. Ahora la mujer está preparando un acervo probatorio con los que denunciará la irregularidad.
“Para nadie es oculto que el pueblo está pasando una crisis económica y con lo que sobrevivimos es con la gasolina porque del contrabando es que estos pueblos del departamento del Cesar han sacado a sus hijos profesionales y nosotros creímos en un gobierno. Muchos no se atreven a denunciar por temor a represalias.
¿Quiénes han recibidos legalmente ese dinero? porque muchos han firmado y se han decepcionado por cantidad de vueltas que hay que hacer y han dejado eso así y todo esto lo voy a demandar y hacerlo público porque quiero que se sepa la verdad”, dijo Yamile a quien ya no le interesa el dinero, por el contrario va luchar para acabar, según ella, con la corrección.
“Para presentar ese dinero lo han tenido que legalizar pero alguna cuerda tuvieron que haber dejado floja, nosotros legalmente vamos a demandar, por lo menos yo lo haré, estamos concientizando a las demás personas del perjuicio si se quedan calladas”, Yamile Espinoza, beneficiaria del plan de Reconversión Socio-Laboral.
Mohamed Osman Díaz
Mohamed.osman@elpilon.com.co