El Cesar es uno de los departamentos más golpeados por la violencia de grupos ilegales que, en el marco del conflicto armado, desterraron a centenares de familias y cada día se conocen más casos. A la fecha se han instaurado 111 solicitudes de reclamación ante la Unidad de Restitución de Tierras.
Aunque se han dado 12 sentencias que han permitido la entrega de ocho predios, el proceso avanza a paso lento, entre otros factores, por el temor que acecha a las víctimas de despojo.
Uno de los casos más representativos del sinsabor que viven los reclamantes de tierras, es el de la familia Freite, en Valledupar, porque cinco de sus miembros están amenazados por un supuesto ‘ejército anti-restitución’.
Onaldo Vicente Freite Molina, Alfonso Freite Molina, Iván José Freite Daza, Alfonso José Freite Uhía y Luis Alfonso Freite Mendoza, se convirtieron en objetivo militar de un supuesto grupo armado que, el año pasado, divulgó en la capital del Cesar panfletos amenazantes.
Las amenazas contra esta familia, al parecer, surgieron desde que iniciaron la reclamación de la finca La Fenicia, situada en el corregimiento de La Mesa, jurisdicción de Valledupar, con una extensión de 150 hectáreas y que fue base de grupos paramilitares bajo el mando de alias ‘39’, lugarteniente de ‘Jorge 40’.
“El predio era de mis tíos Onaldo y Alfonso. Alias 39 les solicitó la finca para montar allí su base y les ofreció 50 millones de pesos por la finca; les dio 31 millones de pesos para poner el predio al día en todo lo que se debía y los 19 millones restantes nunca los entregaron”, aseguró el abogado Luis Alfonso Freite Mendoza, que así se dio el despojo.
El jurista reconoce que está amenazado no por ser miembro de esta familia, sino por ser el único abogado que se atrevió a asumir el proceso judicial para la reclamación del predio de sus tíos.
Las medidas de protección que les ha brindado la Unidad Nacional de Protección, UNP, a los Freite ante su nivel de riesgo extraordinario, consiste en chalecos antibalas, un teléfono con minutos, auxilio para transporte y cuatro escoltas; quedando uno sin hombre de protección y les toca turnarse.
“Tenemos estas medidas incompletas desde noviembre de 2012, y las renovaron”, pero según el abogado de la familia, se hace necesario extremar la protección.
Agregó que las últimas amenazas fueron a través de panfletos en octubre del año pasado.
Amenazas en el sur
Un grupo de campesinos de San Martín, Pelaya, La Gloria, Aguachica y Tamalameque denuncian que persisten amenazas del llamado ‘ejército anti-restitución’.
A finales de febrero de este año, organizaciones de líderes de tierras del centro y sur del Cesar dieron a conocer su grave situación de seguridad a través de un comunicado.
“En los municipios de Pelaya, La Gloria, Aguachica, Tamalameque específicamente en los corregimientos de Pueblo Nuevo, Simaña, Costilla, San Bernardo, sector de Aguachica y sector de Bella Cruz (Palmas) hay presencia del denominado grupo ejército anti-restitución de tierras, quienes impiden el buen ejercicio a los líderes y lideresas en el programa de restitución de tierras”, dice el texto, en el que además aseguran que este grupo armado ya se ha hecho visible en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria, y han dado a conocer que “su objetivo de impedir la entrega de las tierras a los campesinos”, publicó el portal de internet VERDADABIERTA.COM.
Fredy Rodríguez Corrales, líder principal de restitución de tierra y representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), se quejó porque el exjefe paramilitar ‘Juancho Prada’, ante los estrados de Justicia y Paz, no ha dicho toda la verdad sobre el despojo de tierras.
“En enero de este año pedimos a la Fiscalía nos informara si ya condenaron a ‘Juancho’ Prada, pero nos enteramos que no. Nosotros solicitamos que no se dé la excarcelación porque no ha dicho toda la verdad de lo sucedido dentro de la hacienda Bellacruz; pedimos a la Fiscalía General de la Nación que si no dice toda la verdad como lo ordena la Ley 975 de 2005, la Ley 1592 de 2012 y el Decreto reglamentario 3011 de diciembre de 2013, sea excluido de justicia y paz”.
Rodríguez dijo que han notificado de sus riesgos a la Unidad Nacional de Protección, Vicepresidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo del Cesar, Ministerio del Interior, Oficina de Paz de Santander y Cesar, “para que realicen las acciones que impidan que este grupo paramilitar asesine a los líderes del proceso Bellacruz y la única reunión que hemos tenido sobre el tema, la hicimos con el comandante de la Policía del municipio de Aguachica, Cesar”.
Así protegen a los reclamantes
La Unidad Nacional de Protección le brinda medidas de seguridad especial a 44 reclamantes de tierras en el Cesar, al igual que a líderes de restitución en todo el país.
“En este departamento ha sido la misma atención que hemos realizado con todos los reclamantes en el resto del país. Es decir, una importante articulación entre la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Restitución de Tierras.
Las amenazas a reclamantes que son reportadas a la Unidad de Restitución de Tierras, son informadas inmediatamente, vía electrónica a la Unidad Nacional de Protección, y “adoptamos medidas urgentes considerando su condición de víctima”, informó la UNP en un comunicado.
De igual forma la entidad dio a conocer que existe un equipo exclusivo para dar trámite y seguimiento a los casos de reclamantes que solicitan protección a la UNP. Se trata del equipo de Tierras en Gestión del Servicio.
“Estas medidas se adoptan mediante trámite de emergencia con el fin de garantizar una atención rápida y adecuada. Esto en el marco de la presunción constitucional de riesgo”, precisa en un comunicado el organismo de protección.
Además de los reclamantes de tierras, la población con mayor protección por parte de la UNP, está constituida por concejales, dirigentes gremiales, representantes o activistas de ONG, desplazados y sindicalistas.
Cómo trabaja la UNP en Cesar
En todo el país la UNP tiene en estudio 15.289 solicitudes de protección y 337 del Cesar, que corresponden a 2013 y lo que va corrido de 2014.
En total hay 425 solicitudes de protección del Cesar y a la fecha hay 206 protegidos en este departamento, es decir, amenazados con medidas de protección.
Estos protegidos cuentan con las siguientes medidas de protección:
78 escoltas, 12 vehículos corrientes, 20 vehículos blindados, 97 chalecos antibalas, 125 celulares, 123 avanteles, 467 apoyos de transporte.
–CIFRA–
$8.300 millones de pesos, invierte la Unidad Nacional de Protección en seguridad de amenazados en el Cesar.
Por Redacción / EL PILÓN