No me cabe ninguna duda en que, el acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’, sería mejor si en su proceso de composición y acogimiento hubieran participado la mayoría de los partidos políticos de nuestro país.
Desafortunadamente, muchos se empecinaron en torpedearlo y, para colmo, al presidente Juan Manuel Santos lo remplazó un miembro del partido Centro Democrático, cuyos dirigentes advirtieron que, si obtenían el poder, harían trizas el acuerdo de paz.
La aplicación del acuerdo de paz ha estado plagada de tribulaciones, lo poco que avanzado se debe a la presión que han ejercido organizaciones como la ONU, la OEA, la Unión Europea y otras de índole internacional. En el interior de nuestro país hay un indescifrable amasijo de intereses, que imposibilita inculpar a los causantes de los asesinatos de líderes, activistas reclamantes de tierras despojadas y demás concesiones otorgadas en el acuerdo de paz.
Por ejemplo; en Valledupar, desde el pasado lunes varios candidatos a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 12, protestan encadenados en la puerta de las oficinas de la Registraduría local, en uno de sus afiches, dicen: “Aquí estamos las verdaderas víctimas”. En otro cartel, escribieron: “Pedimos el aplazamiento de las elecciones a la Cámara de Paz”. Argumentan que no han podido hacer proselitismo porque no han recibido el dinero que les debe entregar el Estado para realizar las actividades correspondientes a sus campañas políticas.
En fin, los encadenados le exigen al gobierno las garantías establecidas en el acuerdo de paz, que faltando 10 días para las elecciones aún no las han recibido. De esos candidatos víctimas del conflicto armado interno se elegirán en el país otros 16 representantes para la Cámara del Congreso de la República.
Las votaciones para estas cámaras solo serán en las áreas rurales de 167 municipios del país que más sufrieron los abusos de los actores armados, que componen las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, cuyas elecciones debieron comenzar en el periodo 2018-2022, pero el Congreso las impidió y después la Corte Constitucional las autorizó.
Los candidatos para estas circunscripciones especiales deben ser avalados por organizaciones de víctimas del conflicto armado, no por partidos políticos. Es decir, creadas únicamente para los habitantes de zonas rurales, tanto es así, que los ciudadanos residentes en las cabeceras municipales correspondientes no pueden votar para la elección de estos congresistas especiales, pues así lo dispone el acuerdo de paz.
En nuestro país, a todas sus leyes les ponen en un marco teórico encantador que entusiasma, pero los políticos (mejor dicho, los politiqueros) y sus alfiles más fieles, a la postre (tarde o temprano), después de hecha la ley hacen la trampa.
Por esto vemos candidatos que riñen con el propósito establecido en el acuerdo de la elección de estos 16 representantes a la cámara.
El objetivo principal de esta columna es alertar a los habitantes de las 16 circunscripciones en mención, para que elijan a los candidatos con los cuales conviven, que los hay bien capacitados. Sus habitantes permanentes son los que saben quiénes lucharían por mejorar las condiciones de sus corregimientos y veredas, en las cuales les ha tocado vivir sorteando todo tipo de dificultades, soportando calamidades debido al continuo abandono de sus gobernantes.
Si de veras desean vivir en mejores condiciones, no duden ni tengan temor en rechazar a los candidatos que solo llegan en búsqueda de votos. Los antecedentes de los candidatos es imposible negarlos o esconderlos, vemos cuando provienen de los políticos tradicionales que poco o nada han hecho por sus comunidades. Estos politiqueros creen que todo tiene su precio y por tanto se puede comprar. Reflexionen y antepongan un NO rotundo a los rapiñas de oportunidades a los más vulnerables, que son quienes habitan las zonas rurales.
Por José Romero Churio