La contralora de Valledupar, Angélica Olarte, radicó ante el Tribunal Administrativo del Cesar una acción popular solicitando dejar sin efecto la Resolución 010 del 2020, emitida por la CREG, la cual permitió que las comercializadoras de energía cobraran las pérdidas reconocidas a los usuarios.
Dentro de la acción popular se solicitó una medida cautelar para suspender de forma inmediata el cobro. “Esa resolución fue la que permitió el incremento en la tarifa de energía en los 7 departamentos de la costa Caribe. Estamos solicitando como medida cautelar que de manera inmediata se ordene la suspensión de los efectos de esta resolución porque no se están cumpliendo los indicadores de pérdidas reconocidas”, sostuvo Angélica Olarte, contralora de Valledupar.
Esta fue una acción organizada entre los contralores de las ciudades capitales de la costa Caribe, quienes han venido instaurando acciones populares en contra de Afinia y Air-e.
“Estamos buscando la protección de derechos colectivos, como el derecho a la moralidad administrativa y el acceso al servicio público domiciliario de energía, pero de forma eficiente. Y la eficiencia incluye el pago de una tarifa justa de los usuarios”, agregó la funcionaria.
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Una sanción
Por otro lado, también pretenden que la Superintendencia de Servicios Públicos haga efectiva la Resolución 015 de 2018, la cual contempla el régimen sancionatorio para las empresas que incumplan sus obligaciones en la prestación del servicio de energía.
“En este caso, Afinia está incumpliendo porque no está invirtiendo los recursos por los cuales se les permite el incremento en los planes de reducción de pérdidas”, finalizó la funcionaria.