Una crisis golpea la puerta de la multinacional Cerrejón que opera una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en La Guajira. Se trata de una demanda que estudia el Consejo de Estado, presentada por dos comunidades de La Guajira (Paradero y Gran Parada), cuatro ONG nacionales (Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, CAJAR y CENSAT) y tres congresistas de los partidos políticos Coalición Lista de la Decencia, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia).
Esta demanda de nulidad simple esta argumentada de esta forma: falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales; afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños; desconocimiento del derecho de participación de la población en general y, en especial, del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas, y la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente.
En dialogo con EL PILÓN, el presidente de Cerrejón, Guillermo Fonseca Onofre, expresó su preocupación pues considera que esta demanda, de ser aceptada y por consiguiente suspendida la operación, no solo afectaría a la multinacional sino que generaría un precedente que afecta a todas las operaciones mineras del país.
¿Qué significa para ustedes esta situación generada por la demanda ante el Consejo de Estado?
Nos preocupa ante todo el cuestionamiento que se está haciendo de la institucionalizad del país, la demanda la vemos no tanto como una demanda contra Cerrejón, sino contra la forma en que las autoridades ambientales operan y eso pone entredicho la institucionalidad colombiana y la seguridad jurídica del país.
También nos preocupa porque quieren hacer ver a Cerrejón como el culpable de lo que ocurre en La Guajira y desinformando a la opinión pública. Y tercero, sentimos también el impacto que esto pueda llegar a tener en caso de que haya un fallo a favor de los demandantes, los impactos en la generación de empleo, de las doce mil familias que dependen de Cerrejón en los ingresos de regalías para la nación y para el departamento La Guajira y el ingreso fiscal sería supremamente importante y también hay que tener en cuenta un ángulo que no se ha mirado y viene de todo lo que la lógica con la que están demandando el Plan de Manejo Ambiental del Cerrejón y con la cual están pidiendo la nulidad, es una lógica que se aplicaría a todas las existencias de los servicios ambientales del país, no solo el del Cerrejón, porque el argumento de fondo es sobre cómo las autoridades ambientales monitorean el cumplimiento de un Plan de Manejo Ambiental y cómo el supervisado es responsable de recolectar la información y si en el caso del Cerrejón el Consejo de Estado considera que eso es inadecuado, aplica para todas las licencias y permisos ambientales que hoy tienen las diferentes industrias del país.
¿En qué estaba se encuentra este asunto ante el Consejo de Estado? ¿Cómo estamos en materia de tiempos?
Nosotros fuimos notificados formalmente el 13 de agosto y a partir de allí empiezan a cumplirse unos términos. Los primeros es que teníamos unos pocos días, creo que tres o cuatro, para apelar ante la admisión de la demanda, la cual ya presentamos.
Luego, a partir del 13 de agosto hay 10 días hábiles para que el Consejo de Estado se pronuncie sobre las medidas cautelares que se están solicitando en la demanda y que tiene que ver con la suspensión temporal de las operaciones en Cerrejón, si bien pueden ser parciales o pueden ser totales, dependiendo de lo que el Consejo de Estado considere para evitar el impacto en comunidades cercanas.
Luego hay un término más largo como de 55 días hábiles para poder responder ante la demanda y ahí el Consejo de Estado se tomará su tiempo para evaluar la información presentada por cada una de las partes.
Precisemos, pues es relevante, ¿en 55 días pararía la producción mientras se resuelven las medidas cautelares?
En realidad en 10 días hábiles a partir de agosto 13, el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre las medidas de precaución. Debemos estar muy próximos conocer sobre lo que el Consejo de Estado decida en esa materia.
Son 10 días hábiles, así que creería que son más hasta la próxima semana… El Consejo decidiría sobre si suspende o no temporalmente las operaciones del Cerrejón.
¿Cuál es el grado de afectación a nivel de regalías para el país? ¿Y cuál es el grado de afectación para el número de personas que dependen de esta operación minera?
Hay trece mil familias que dependen del empleo del Cerrejón: seis mil que son empleados directos del Cerrejón y seis mil que son a través de contratistas. De esos, un poco menos del 70 % vienen directamente de La Guajira. Entonces multiplique usted trece mil por una familia promedio de cuatro personas y ahí tiene usted el número de personas que se ven afectados por esta suspensión.
En materia de impuestos y de regalías, el año pasado Cerrejón pagó en regalías el orden de 250 millones de dólares y en impuestos una cifra muy parecida pagamos el año pasado. Eso depende mucho del precio del carbón. Este año en el 2019 serían menos por el tema de que el precio del carbón ha bajado. Le doy cifras del año pasado, son el orden de 500 millones de dólares que en el ingreso fiscal entre regalías e impuestos se estarían perdiendo.
¿Han tenido algún diálogo con los demandantes? ¿Hay alguien de ellos integrando una mesa de trabajo en la que puedan discutir o cómo están haciendo en esa parte?
Aunque Cerrejón siempre está abierto al diálogo con sus opositores y los invitamos permanentemente a conversar cobre aquellos preceptos que nos unen, como puede ser el bienestar de La Guajira y el bienestar de sus comunidades, en este caso particular no hemos podido entablar el diálogo con los demandantes, pero sí nos gustaría poderlo hacer para entender cómo más bien cómo podríamos trabajar y colaborar en impactar positivamente al bienestar y desarrollo de La Guajira.
¿Esta situación por la que atraviesan en estos momentos es aparte de la que trataban de superar con lo del Arroyo Bruno con las comunidades indígenas? ¿Son diferentes o están enlazadas?
Son dos situaciones diferentes, sobre lo de Arroyo Bruno estamos en estos momentos trabajando la mesa interinstitucional que ordenó la Corte Constitucional para resolver las dudas que la Corte tenía y en eso está funcionando. Este es un tema aparte que se da a eso.
¿Qué actividades tienen programadas para seguir trabajando en el tema y seguir aclarando inquietudes?
Hay un equipo legal en este momento dedicado a responder a la demanda y mientras tanto pues seguimos operando normalmente, asumiendo que la tranquilidad de que Cerrejón funciona y opera de buena fe, con muy altos estándares de cumplimiento de todas sus obligaciones legales, entonces seguimos funcionando hasta que no digamos lo contrario.
Tenemos la tranquilidad de que tenemos todos los permisos en regla, estos fueron obtenidos en forma legal, las autoridades ambientales los otorgaron en cumplimiento de la ley, así que tenemos esa tranquilidad. Es importante entender que esto no solo es un cuestionamiento al Cerrejón, es un cuestionamiento hacía la institucionalidad, hacía cómo funcionan las autoridades ambientales, entonces aquí hay que verlo mucho más allá del Cerrejón y de entender de todo lo que eso significa para el país en un todo de materia de seguridad jurídica, de materia de su institucionalidad
¿Cuántos proyectos se están ejecutando actualmente Cerrejón?
En los municipios principalmente de Albania y Barrancas. Es una operación que podría producir hasta 40 millones de toneladas al año, que este año teníamos planeado producir 30, pero desafortunadamente se presentó un fenómeno del niño extendido que generó un impacto de polvo en la región y tocó suspender la operación en algunos partes y probablemente este año nuestra producción va a estar alrededor de los 26 o los 27 millones de barriles. Es decir, hay un 5 % menos de lo planeado.
Por: Andrés Llamas Nova / EL PILÓN
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