Este jueves en la tarde el procurador general, Fernando Carrillo, anunció la ejecutoria de la sanción que destituye e inhabilita por doce años a 16 concejales de Valledupar por la elección de Omar Contreras Socarrás como contralor municipal, sin considerar que dentro del año anterior había ejercido como defensor del pueblo del Cesar, por lo que, señaló el ente, se encontraba inhabilitado.
El punto clave del anuncio fue la aclaración de las recusaciones que tenían suspendido el proceso de notificación. Ahora la Procuraduría Regional del Cesar, en un periodo de ocho días, procederá a notificar a los concejales. Una vez notificados, la sanción quedará ejecutoriada: 16 de ellos dejarán de ser concejales y no podrán ejercer como funcionarios públicos en doce años.
Entonces, ¿qué pasará en el Concejo durante los dos meses que restan del periodo 2016-2019? En la fila hay 16 excandidatos, la mayoría, esperando por ingresar al recinto. Los mismos que desde que se conoció el fallo pelearon por la salida de los disciplinados, incluso con tutelas. Todo indica, que ejecutoriado el fallo, se posicionarían para terminar el periodo hasta diciembre.
¿Cuándo? Una vez se cumplan los tiempos de notificación a los concejales, los 16 que están en lista deberán esperar el llamado desde la secretaría del Concejo para posesionarse. De hacerlo, deberán elegir su mesa directiva y empezar a estudiar proyectos como el presupuesto del Municipio.
AÚN HAY DECISIONES POR TOMAR
Pero no todo está dicho. Con la notificación y la ejecución del fallo, en la Procuraduría ya terminaron los procesos. El paso siguiente, al parecer, será demandar ante un juez las acciones tomadas por el Ministerio Público.
“Frente a la decisión de la Procuraduría no ha existido un pronunciamiento de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es a la cual hace parte el Consejo de Estado y los jueces administrativos. Esa es la jurisdicción que tiene la competencia para ejercer control sobre las decisiones de la Procuraduría. Al no existir ese pronunciamiento, no hay otro camino que acatar y ejecutar la decisión una vez notificada: los concejales no podrán sesionar”, señaló el especialista en derecho administrativo, Carlos Añez.
Sin embargo, si dentro de la denuncia que seguramente presentarán los concejales ante un juez administrativo, solicitan una suspensión provisional del fallo mientras esta cursa, y el juez la aprueba, los concejales seguirían sesionando hasta finalizar su periodo, mientras esperan la resolución del fallo. Pero si el juez niega la solicitud de suspensión provisional, no podrían sesionar.
MÉTODO CUESTIONADO
Este viernes, en redes sociales, el mismo medio por el que confirmó la suspensión de los concejales, el procurador envió un mensaje al Tribunal Administrativo del Atlántico por una decisión de inhabilidad similar tomada en ese departamento.
“Anunciamos la suspensión de la alcaldesa de Manatí, Atlántico. (Ella) acudió a una decisión bastante controvertida de un juez de Sabanalarga para suspender la suspensión de la Procuraduría. Quiero decirlo abiertamente: este es un juego leguleyo. Tenemos cuatro decisiones del Consejo de Estado que avalan las facultades de la suspensión de la Procuraduría en casos de funcionarios de elección popular”, señaló el procurador. Igual que para la alcaldesa de Manatí, un juez administrativo sería la única salvación para los corporados.
¿NUEVOS CONCEJALES?
Mientras unos intentan salvar su carrera, otros excandidatos al concejo están esperando el llamado para posesionarse y entrar al Concejo de Valledupar. Por el partido de la Unidad Nacional entrarían tres: Ciro Chinchilla, Luis Cabello Donado y Fredys Gámez. Por el partido Conservador uno solo: Elmer Jiménez Silva.
Por el partido Liberal entrarían dos: Jhon Díaz Carpio y Ángel Montaño Barón. No obstante, Jhon Díaz es uno de los candidatos a rector en las elecciones de la Universidad Popular del Cesar. Por ahora, asegura, tomará un tiempo para pensar la decisión mientras llegan las elecciones del 16 de octubre en el centro universitario.
En primera instancia, por Cambio Radical entrarían Ricardo Vives y Leonardo Bravo. Vives es aspirante este año y de cumplirse el fallo, dijo que “cumpliría el mandato de posicionarse”. Sin embargo, Leonardo Bravo renunció a Cambio Radical para lanzarse al Concejo por el partido Liberal, por eso entraría Juan Carlos Castro, el que sigue en la lista de Cambio Radical.
Por el movimiento Avanzar es Posible entrarían Álvaro Molina y Franklin Daza. Molina repite candidatura al concejo, mientras que Franklin Daza giró su carrera a cargos públicos. Por el MAIS ingresaría el hoy candidato por el mismo partido Pedro Loperena.
Por la Alianza Social Independiente entraría Omar Ditta Daza, que también es candidato por el mismo partido. Por el lado del Centro Democrático, la siguiente en la lista es Merithza Quiroz, igualmente candidata.
En Opción Ciudadana el siguiente en la lista era Elkin Buitrago, sin embargo como está inscrito para las elecciones del 27 de octubre por el partido de la U, Alber Rodríguez Cuello sería el posesionado. Y por el partido Verde entrarían Jorge Arzuaga Martínez y Eduard Cujia, ambos candidatos al concejo de Valledupar por el mismo partido.
“SOLO ES RUMOR”
Por su lado, los concejales insisten en que no cometieron ninguna falta eligiendo a Omar Contreras como contralor, sino que lo hicieron obedeciendo un fallo del Consejo de Estado. “No hemos sido notificados, todavía son rumores. Esto es complejo porque esa era una ley nueva, nosotros fuimos unos conejillos de indias. Empezaron a probar con nosotros, la prueba es que hay más de 106 concejales que están inhabilitados por las mismas razones. Fue algo injusto, la ley tuvo muchos vacíos”, señaló el concejal Alex Pana.
Los disciplinados basan su defensa en la reforma introducida por el Acto Legislativo No 4 de 2019 al artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, en el que se señala que “no podrá ser elegido (contralor) quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”.
Con el agregado de “rama ejecutiva” de orden departamental, distrital o municipal, explicó el concejal José Araméndiz, “no se incluye a los del orden nacional ni a los órganos autónomos de control como la Defensoría del Pueblo adscrita al Ministerio Público”. Bajo su argumento, eso incluye a Omar Contreras quien era Defensor del Pueblo en el Cesar antes de aspirar al cargo de contralor por lo que no estaría inhabilitado.
Mientras los concejales disciplinados insisten en su defensa y los que serían nuevos concejales insisten en posesionarse, el recinto espera por quiénes debatirán proyectos como el lote del Idema, el presupuesto oficial y la reforma sobre Indupal, entre otros.
DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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