Colombia atraviesa en estos momentos un periodo en el que organismos como como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación son requeridos con carácter de urgencia por parte de la ciudadanía.
Son tantos temas prioritarios que golpean al pueblo y que demandan la participación de estas entidades, cuya responsabilidad es vigilar por el cumplimiento de las normas y que se brinden las garantías para la defensa de los derechos ciudadanos.
La lista de preocupaciones ciudadanas es larga, pero tal vez el asunto más álgido es el relacionado con los altos costos de los servicios de energía eléctrica en la Costa Caribe, siendo Valledupar y el departamento del Cesar los que registran las tarifas más caras del país.
Sin pecar de alarmistas o exagerados, se puede afirmar que la situación de las altas tarifas de energía se está constituyendo en una bomba de tiempo, ojalá y no sea así, pero eso ya está llegando a un estado tan crítico que está a punto de desbordar la paciencia y el grado de tolerancia de una comunidad que no tiene la capacidad económica para asumir esos elevados costos de energía.
Es en este tema en el que, tanto el defensor del pueblo, Carlos Camargo, como la procuradora general, Margarita Cabello, deben y tienen que emplearse a fondo para cumplir con la misión que les corresponde, para que el ciudadano común y todos los sectores sociales sientan que en medio de tanto desconcierto hay una luz de esperanza frente al tormento económico en el que se ha convertido el pago del suministro del servicio de energía eléctrica.
Por coincidencias de la dinámica misma de sus respectivos cargos, este jueves ambos funcionarios visitaron a EL PILÓN, siendo la oportunidad propicia para pedirles explicaciones sobre tanta incertidumbre social del momento. Por fortuna, en ellos se puede apreciar que tienen clara la magnitud del problema y mostraron documentos y evidencias de sus gestiones al respecto.
Los dos servidores públicos coinciden en la forma de ver el problema y sus posibles soluciones, las cuales, según sus apreciaciones, requieren de todo un engranaje institucional, con el presidente Petro a la cabeza y las distintas entidades del Estado comprometidas con el sector energético, además de una exhaustiva revisión de los compromisos contractuales que adquirieron las actuales empresas encargadas de la comercialización y distribución de la energía.
El documento de advertencia que socializó el Defensor del Pueblo acá en Valledupar contiene una serie de recomendaciones encaminadas a restablecer los derechos de la región Caribe “frente al aumento excesivo de las tarifas del servicio público de energía eléctrica”.
Entre tanto, la Procuradora General se mostró muy preocupada y expuso la agenda de gestiones que ha desarrollado con toda la institucionalidad sobre el tema específico del costo de la energía. Hasta ahí la teoría es esperanzadora para un pueblo ávido de respuestas sobre acciones concretas, lo grave del asunto es que la situación de los hogares del Caribe, en especial los del Cesar, no tienen mucho margen de espera. Es sabido que estas entidades no deciden, pero sí ayudan y suman mucho junto a la protesta ciudadana y la razón que debe prevalecer.
Otro tema neurálgico es la preservación de la vida de ciudadanos inermes como los periodistas y gentes afectadas por masacres, poblaciones expuestas a la violencia.
¡Señor Defensor y señora Procuradora, seguiremos expectantes!