Irregulares administraciones financieras y un gasto mayor al recaudo condicionaron al Municipio en el 2014 a suscribirse a la Ley 550 para reestructurar la deuda y blindarse ante nuevos procesos de embargo.
Entre lo que debía a los trabajadores y pensionados ($5.784 millones), entidades públicas y financieras ($122.721 millones), más otros acreedores y las contingencias, Valledupar tenía una deuda impagable de $211.771 millones. El Municipio andaba de embargo en embargo.
Al reestructurar la deuda se establecieron compromisos de pagos. La primera deuda por pagar era a los trabajadores y pensionados. La más pequeña de la tabla. El compromiso inicial era cancelarlo de 2014 a 2017. Según los datos del último informe, hecho en junio, se había cancelado el 85 % de la deuda ($4.323 millones).
Los otros compromisos son mayores y se extienden hasta el 2028. Entre los $86.700 millones pagados a las entidades públicas y financieras y los 21.203 a los acreedores externos, la anterior y la actual administración han cancelado casi el 60 % de la deuda inicial en los primeros tres años.
Sin embargo, durante la reestructuración de la primera deuda se adquirieron nuevos créditos. En total fueron tres nuevas deudas con entidades financieras por valor total de $50.000 millones. ¿Es posible que un Municipio en reestructuración pueda acceder a nuevos créditos? En palabras del secretario de Hacienda municipal, Saúl Martínez, “fue gracias a la eficiencia en el pago”.
Pero los nuevos créditos con Davivienda ($15.000 millones), banco de Occidente ($10.000 millones) y BBVA ($25.000 millones) no entran en el acuerdo de reestructuración, sino que se comprometieron los recursos que le giran al Municipio desde el Sistema General de Participación, SGP, para propósito general. Por ejemplo, el año pasado Valledupar recibió $16.088 millones por este concepto.
“El nivel de endeudamiento nos aumentó, por eso tuvimos la capacidad de acceder a nuevos créditos porque le garantizamos a los bancos que no íbamos a fallar: en la administración eso es lo que tratamos de cuidar: que las obligaciones sean canceladas”, señaló el secretario de Hacienda.
GRANDES DESAFÍOS
En estos momentos, los dos puntos críticos son los famosos bonos de agua y el pleito que hay en el Consejo de Estado por la invasión Emmanuel donde lo condenaron por $57.000 millones. No obstante se está peleando en segunda instancia para reducir el valor.
Por los lados de los bonos de agua, representan la deuda más grande de Valledupar. En 2010, bajo el mandato del entonces alcalde Luis Fabián Fernández, la administración local acudió a los ‘bonos de agua’ comprometiendo vigencias futuras del Sistema General de Participación (SGP) por 19 años.
La deuda inicial fue de $36.000 millones. Desde entonces, el Municipio ha pagado más de 20 cuotas en promedio de $1.800 millones cada una, sin embargo, cuando la deuda pasó al BVVA era de $39.000 millones. En ocho años solo se pagaban intereses y la deuda crecía.
Solo se empezó a pagar parte del capital cuando el banco BBVA compró la deuda a Findeter. Las reglas cambiaron y el Municipio dejó de pagar solo interés, aunque todavía menos de la mitad de cada cuota va a cubrir capital. Por ejemplo, en la cuota hecha en enero (trimestre de octubre, noviembre y diciembre), se cancelaron $1.706 millones, de los cuales el 47 % ($813 millones) fueron pagados en intereses. Porcentaje que se reduce con cada cuota.
“La Ley 550 fue una decisión acertada del Gobierno anterior porque le dio al Municipio una estabilidad financiera, porque antes los recursos los administraban jueces y el Municipio vivía de embargo en embargo. Hemos superado el escenario de la Ley 550 por el aumento en el nivel de recaudo y la confianza de las personas”, cerró el secretario de Hacienda.
POR: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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