Por: Luis Rafael Nieto Pardo
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Cantaba con lamento el gran compositor e interprete de la canción mejicana José Alfredo Jiménez. Este modesto togado, en su estilo particular, les canta lo que a alguien le toca decir y tiene que decirlo. Mi padre, al igual que mi siempre recordada madre, que igual heredaron de los suyos, me inculcaron que uno no podía, ni tenia porqué callar cuando algo lo afectara o le pareciera injusto; y que era preferible ponerse colorado por una sola vez, que vivir pálido toda la vida.
Como supongo deben estar expectantes por saber de qué se trata, pues entérense de una buena vez, que, siendo los defensores públicos, los encargados por contrato de prestación de servicios, de prodigar de manera gratuita, a más del 90% de la población colombiana, los servicios profesionales respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveerse por sí mismas la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia (numeral 2º de las consideraciones previas de la Ley 24 de 1992); resulta, no tanto paradójico como contradictorio que, a pesar de tanta carga laboral, registremos una gran desventaja salarial, en comparación con el resto de funcionarios con igual o similar grado de responsabilidad (hablamos de jueces y fiscales), porque los que fungen o se desempeñan como representantes del Ministerio Público (Procuraduría), muy a pesar de que su asistencia a las audiencias no es obligatoria, ni su concepto vinculante o necesario, quién lo creyera, amigos lectores: devengan cinco veces más a el equivalente de lo que devenga un Defensor Público.
Es por ello que, sin ánimo conflictivo ni de polemizar (simplemente para ser claros y objetivos), consideramos que nos asiste la razón de reclamar, pero nadie se atreve a decir nada “cuidando la cucharita de platino, dice el amigo y compañero Alex. Le pedimos a alguien que pueda asumir y tomar nuestra vocería (llámese Senador, Representante, ONG, fuerzas vivas, etc) que realicen los esfuerzos legales y necesarios para tratar de mejorar nuestra situación prestacional (ganamos menos que un general, pues ni prestaciones sociales tenemos), salarial y de bienestar de quienes conformamos desde hace ya más de una década (caso personal) esta hermosa y creciente familia.
Por todo lo anterior, pensamos que no es caprichoso ni llorón nuestro respetuoso pedimento, puesto que resulta obvio y escandaloso, que al hacer una odiosa comparación entre las escalas salariales definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el resto del mercado laboral colombiano (en materia penal) nos encontramos, repito, en serias desventajas, a pesar de que, siendo tan necesario, tan tenaz y tan eficaz nuestro servicio y protagonismo, se nos termina remunerando como a los “extras” en el cine.
A pesar de lo que se diga, jamás resultará equitativo el salario que devengamos, teniendo en cuenta que, dándose todos los extremos del contrato de trabajo, nuestra vinculación es incierta; sólo ganamos el básico, que no se ve incrementado por ningún otro concepto: ni la antigüedad, ni de actividad desarrollada, ni de orden público, ni de subsidio familiar, ni primas… ¡Será justicia!, decía al terminar sus escritos el gran maestro cartagenero del Derecho Penal Especial, el doctor Pedro Pacheco Osorio; o, como dijera Gabo una vez que se le negó un justo reconocimiento: “tanto sacrificio y ahora resulta que merezco menos consideración que un gallo”.