Cuando se suponía que con el advenimiento de la promulgación de la ampliamente difundida declaratoria de emergencia sanitaria se iba a mitigar por lo menos el problema alimentario de la población más vulnerable y pobre de Colombia, hemos observado con cierta extrañeza y resignación forzada que este tipo de ayudas han ido desapareciendo y ocupando un papel terciario en las prioridades de muchas regiones del país.
Cabe destacar que este tipo de ayudas consistentes en la entrega de mercados inició con mucha fuerza y entusiasmo impulsado por el Gobierno nacional y recibimos con beneplácito la euforia con la que muchos alcaldes y gobernadores se movilizaron de forma acelerada y oportuna a realizar dichos procedimientos y vimos cómo entrevistaban a muchas personas, unas más alegres que otras, pero alegres al fin, recibir este importante aporte alimenticio que de una u otra manera los ayudaba a combatir el hambre en medio de la precariedad familiar y laboral generada por la pandemia universal derivada del coronavirus.
Pero de repente, como si se tratara de un sueño de mal gusto o de una simple fijación mental de los necesitados, estas deseadas ayudas fueron desapareciendo del espectro social de los diversos hogares colombianos, muchos de los cuales rayan la línea de pobreza extrema, ya por demás bastante delgada y estirada. Solo bastó con que los medios de control advirtieran que esta no sería una oportunidad más para que los recursos destinados a aliviar el hambre de los más necesitados de nuestra patria se convirtieran en el botín de los piratas de la contratación pública, que vieron en este nuevo escenario la tan anhelada tierra prometida para terminar de llenar el barco de la ambición y la codicia desmedida y putrefacta a expensas de la miseria y el abandono voraz de muchos compatriotas que aún siguen esperando con desesperación que el Estado les envíe un poco de comida para por lo menos engañar un poquito el estómago.
Solo fue necesaria la suspensión de algunos gobernantes locales y regionales para que el tema de las ayudas alimentarias desapareciera del radar de los despachos públicos y las esperanzas de los necesitados se estrellaran sobre el muro del silencio y del olvido.
Según datos recientes dados a conocer en el Índice de Desnutrición Crónica 2020 (Fundación Éxito), el 26 % de los municipios del país está en situación crítica y baja, y 36 % en media con posibilidades de seguir cayendo a los más graves extremos de desnutrición, ahondada por los estragos de la pandemia. Si a esto agregamos que en el 58 % de los municipios se corre el riesgo de que los menores de 5 años puedan llegar a presentar desnutrición crónica o baja talla, la situación es más preocupante.
Por todo lo anteriormente esbozado, debemos hacer un llamado respetuoso y oportuno a los distintos mandatarios para que sigan adelante con ese tipo de mecanismos tendientes a disminuir el hambre y evitar la desnutrición en nuestros niños y ancianos. Que no le tengan miedo a la contratación siempre y cuando se apeguen a los lineamientos que exige el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas complementarias, y volvamos a darles un complemento nutricional a nuestros compatriotas que tanto lo necesitan.