Con el fin de exigir el cumplimiento de sus derechos, trabajadores del Grupo Prodeco levantaron sus voces en una jornada de protesta pacífica por mejores garantías laborales tras los despidos masivos que se han efectuado a más de mil empleados debido a sus condiciones de salud.
“Nos encontramos protestando por la nefasta decisión del grupo Prodeco en la entrega de los títulos y de la posición complaciente del Ministerio del Trabajo, el cual no se ha pronunciado en ningún sentido frente a estos hechos”, dijo Wilfrán Ruiz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón.
En la jornada participó además de Sintracarbón, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética, Sintramienergética, con el cual se expusó un pliego de peticiones unificado para dar solución a la actual crisis laboral, considerando que las patologías que han adquirido son por el ejercicio de su labor.
Yampiel Otoñes, trabajador de la empresa Sintramienergética, expuso como vocero de los empleados su preocupación ante este escenario que pone en riesgo las condiciones laborales y las de sus familias, exigiendo el cumplimiento de los derechos. “Nosotros estamos exigiendo que el ministerio cumpla con la Constitución Nacional, que es proteger al trabajador y no proteger a la empresa. En un Estado social de derecho nosotros nos vemos desprotegidos por todo lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros”, enfatizó.
Germán Aranzales Uribe, fiscal de Sintracarbón, denunció la terminación de los contratos laborales de sus compañeros, hecho que se presenta cada seis meses. “Digamos que esto no es justo para un proceso de transición y reconversión laboral. El Ministerio de Trabajo no puede seguir permitiendo que Prodeco siga despidiendo a los compañeros, a los trabajadores, y menos en las condiciones de enfermedad que padecen en su mayoría”, aseveró el dirigente gremial.
Prodeco, fundada en 1974, es una empresa propiedad de la multinacional Suiza Glencore, dedicada a la extracción de carbón térmico en la mina Calenturitas, ubicada en la jurisdicción de La Loma y en La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.
La empresa anunció, a través de un comunicado, su cierre inminente de operaciones en el departamento en el mes de febrero del año 2021, tras el déficit financiero de sus operaciones y que obedecen al bajo coste del mineral a nivel mundial. “La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante los últimos 30 años de actividad minera en el país, el grupo ha invertido más de 3 billones de dólares y pagado alrededor de una cifra similar en regalías e impuestos”, manifestó en ese entonces la compañía.
Tras lo expuesto anteriormente, los empleados se vieron en la obligación de protestar por sus derechos rechazando la renuncia de los títulos de la filial Suiza. “Es cierto que Prodeco ya entregó los títulos, pero no es menos cierto que Prodeco no ha pedido la liquidación de las empresas tanto del Consorcio Minero Unido, CMU, como de Carbones de La Jagua, CDJ, tanto así es que compraron al Cerrejón con más de 500 millones de dólares que tuvieron que invertir, por eso en estos momentos lo que están haciendo es liquidando y contratando a nuevos trabajadores, para no emplear a los que ya tienen”, recalcó Otoñes.
Frente a esto, la casa editorial El PILÓN contactó al director del Ministerio de Trabajo Territorial del Cesar, Assad Raish Gámez, quien aseguró que no todos los trámites que solicitan los agremiados dependen de ellos y otros son de competencia del ente territorial. “Quedaron más tranquilos porque nos comprometimos en darles una audiencia la próxima semana en Bogotá, con la participación obviamente del ministro del Trabajo, el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y los representantes de este sindicato. Esperamos que se tomen decisiones y ojalá sean las más favorables para los trabajadores”, declaró el funcionario.
Finalmente, en medio de esta incertidumbre, los voceros sindicales esperan que se solucione esta coyuntura, ya que aparentemente se tiene contemplado que el 23 de febrero se despidan a más colaboradores con su plan de retiro voluntario. “Nos tienen que respetar nuestro derecho al trabajo, que nos protejan nuestros puestos y que los despidos masivos a los enfermos no los otorguen”, concluyó Germán Aranzales Uribe, fiscal de Sintracarbón.
LILIANA PADILLA/EL PILÓN