Durante las últimas semanas ha habido tres temas que sin duda han aumentado el pálpito de la agenda nacional, tópicos como el asesinato de líderes sociales por parte de distintos grupos al margen la ley, las amenazas de muerte a periodistas, líderes de opinión, activistas de D.D.H.H, entre otros, y el posible plan que existe para refundar la guerrilla de las FARC, dirigido por subversivos que no se acogieron al proceso de paz firmado por esta guerrilla con el Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano, se constituyen en una problemática de gran envergadura que requiere de todo la atención y el accionar de la institucionalidad.
Sea sistemática o no, controversia que ha sido bastante extensa, la ola de asesinatos de líderes sociales, aparte de ser un atentado contra los Derechos Humanos, también degenera en un claro ultraje al elemento social de nuestro Estado de Derecho. La noble y valiosa labor de estas personas, salvo de aquellas que se disfracen de tal dignidad para actuar negativamente en contra de las comunidades, no pueden seguir siendo satanizadas y por el contrario deben estructurarse planes de protección robustos para impedir que sigan asesinándolos.
La libertad de opinión y de prensa es quizá uno de los pilares fundamentales de los componentes democrático y social de la dogmática constitucional de nuestro Estado.
Resulta totalmente reprochable y preocupante que en vez de avanzar hacia un modernismo democrático más estable, se estén dando las condiciones para retroceder en la materia, esto como resultado de los actos de organizaciones criminales y de la delincuencia común en su propósito de apagar las voces de periodistas, generadores de opinión, defensores de D.D.H.H y otros actores que lo único que hacen es expresar sus visiones sobre un estado de cosas y abanderar procesos de interés colectivo. Su defensa y protección debe ser férrea y constante.
Por último, no podemos permitir que, en un intento perverso, ciertos malhechores pretendan reorganizar la estructura criminal de lo que un día no lejano fueron las FARC.
Todo el poderío de nuestra fuerza pública debe estar atento a cualquier intento de configuración de organización armada ilegal a pequeña, mediana y gran escala. No debemos permitir que grupos del crimen nos vuelvan a sucumbir en ese oscuro mundo de la guerra que ya comenzamos a derrotar, hay que continuar avanzando por el camino de la erradicación de la ilicitud y la restauración del orden.
No podemos cederle ni un milímetro más a cualquier tentativa delincuencial. El respeto por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los principios del Estado Social de Derecho son motivo suficiente para nuestra defensa.
La solución de estas tres problemáticas está en la presencia, atención y accionar integral y eficiente del Estado colombiano desde todos los flancos que se requieran.
En circunstancias adversas como las actuales, los aparatos estatales deben hacer sentir su verticalidad, para eso es importante la armonía que exista entre todo la institucionalidad con el fin de zanjar estas brechas. Que impere la fuerza del Estado.
Por: Camilo Pinto @camilopintom