El pasado martes tuve la oportunidad de asistir a la presentación del documento “Una apuesta por la competitividad del Catatumbo”, un estudio elaborado por el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga y el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, con el apoyo de Fedepalma.
Este trabajo juicioso -desarrollado en campo-, además de ser una herramienta muy valiosa para el diseño de una verdadera política de Desarrollo Territorial Rural, contiene una serie de recomendaciones respecto a la institucionalidad adecuada que el Gobierno Nacional debería instituir para planificar y ejecutar con eficiencia las inversiones y programas de ayuda que se requieren para convertir esa región olvidada en uno de los centros de desarrollo agroindustriales más importantes del país.
El Catatumbo debería ser el programa piloto del postconflicto en Colombia, porque allí convergen todos los problemas de injusticia social, uso y tenencia de la tierra, inseguridad y narcotráfico. Pero también, es la región con una de las mejores tierras del país. Para lograr este propósito, el Gobierno Nacional tendrá que alinear los ministerios del Interior, Ambiente, Agricultura, Educación, Vivienda, DNP, Invías y el del postconflicto, para que bajo un sólo programa de desarrollo social y económico, coordinen todas las acciones e inversiones que se requieren adelantar en esa región. Estas entidades operan de manera descoordinada y con agenda política propia. Los miles de millones de pesos que se invierten en la región se quedan en estudios y comisiones.
Para resolver los problemas de la región del Catatumbo, se requiere en primera medida, dejar de echar tanta carreta y concretar un plan de acción con metas, objetivos y presupuesto. Ya lo hicimos en el pasado y dio buenos resultados. Hace diez años, el programa MIDAS de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, logró incentivar en Tibú la siembra de 11.000 hectáreas de cultivos de palma y cacao con 20 alianzas productivas que integraron a 916 pequeños productores que hoy tienen ingresos superiores a los $2.500.000 mensuales. Desde que se terminó el programa en el 2010, nadie volvió a acordarse de esa región.
Tal como se menciona en el estudio, la región del Catatumbo requiere acciones urgentes, como un plan de sustitución de cultivos ilícitos, una sustracción del área agrícola de la zona de reserva forestal de la Serranía de los Motilones y del parque Natural Barí, para que los colonos de bajos ingresos e indígenas puedan desarrollar un programa de agricultura familiar productivo, legalizar gratuitamente todos los títulos de las propiedades rurales, construir un plan de vivienda y escuelas rurales, elaborar un mapa de zonificación agrícola que determine los cultivos que se deben desarrollar competitivamente en los 11 municipios que integran las subregiones alta (El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa y Ocaña), media (El Tarra, Sardinata y Ábrego) y baja (Tibú). Las vías que conectan esos centros de producción con los puertos fluviales del rio magdalena y la ruta del sol, no dan más esperas.
Y señor Presidente, al frente de estos programas no se puede seguir designando funcionarios chambones sin experiencia y capacidad de gestión. Siga el ejemplo de Macri en Argentina o Justin Trudeau, en Canadá.