El gobierno en cabeza de su presidente, que se destaca por sus posturas progresistas, pero con enfoques extremistas en sus políticas sociales, ha propuesto la intervención de las EPS como parte de su programa para reformar el sistema de salud en su visión de garantizar el acceso equitativo a la atención médica para todos los ciudadanos, ya que el sistema de salud en vigencia ha sido objeto de críticas, por la falta de acceso a servicios médicos de calidad, la inequidad en la distribución de recursos públicos y la corrupción en la gestión de los mismos.
Siendo las EPS, entidades encargadas de administrar los recursos dentro del sistema de salud y brindar atención médica a los afiliados, nacen de aquí las intervenciones iniciadas, supuestamente con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia del sistema.
Esto, implicaría una mayor participación del Estado en la gestión y regulación. Entonces la reestructuración de las EPS, con la implementación de mecanismos de control y supervisión más estrictos y la promoción de la competencia y la transparencia en el sector son los argumentos básicos tocados.
Actualmente, existen grandes disparidades en la calidad y la disponibilidad de servicios de salud entre las diferentes regiones del país y entre los distintos estratos socioeconómicos.
En conclusión, al intervenir las EPS y fortalecer el control estatal, se busca una distribución más eficiente de los recursos y una mayor atención a las necesidades de las comunidades más vulnerables.
Pero, como parte negativa, está el riesgo de generar inestabilidad en el sector y afectar la inversión privada. Además, existe el temor de que una intervención excesiva del Estado genere burocracia y obstaculice la capacidad para operar de manera eficiente.
Ahora, la inversión extranjera, la incertidumbre y la percepción de un mayor riesgo político podrían disuadir a los inversionistas de participar en el mercado, lo que limitaría el acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas.
Es crucial un enfoque equilibrado que aborde los problemas sin obstaculizar la eficiencia y calidad de la atención médica.
Lo que conviene más al país sobre la salud pública desde el punto de vista democrático, es una reforma que garantice un acceso equitativo y universal a los servicios médicos, promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos, y fomente la participación ciudadana. Esto implica la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado con poder de dominio, para abordar los desafíos del sistema de manera integral y sostenible.
Para Colombia, un modelo de salud basado en un sistema universal de cobertura pública, como el de algunos países europeos, podría ser beneficioso. A largo plazo, este enfoque puede mejorar la salud pública, reducir las desigualdades socioeconómicas y aumentar la productividad al mantener a la población sana y activa.
Algunos sectores expresan preocupación por posibles efectos negativos, como la burocracia y la desinversión privada, pero la percepción general refleja la insatisfacción con el sistema actual y el deseo de cambios significativos.
Sin embargo, las opiniones pueden variar según la experiencia personal y las creencias políticas de cada individuo.
Otro pensamiento general de muchos sectores, es que el manejo actual que se le viene dando a la salud tiene más de bueno que de malo, lógicamente hay reformas que son necesarias en la medida de nuestro crecimiento económico, político y social, acompañados siempre de múltiples necesidades por el crecimiento de la población urbana y los márgenes de pobreza y miseria; lo grave de los cambios está en quien los maneje, sobre todo, en un país inundado de corrupción por donde se le mire, derecha o izquierda, dentro y en casi todos los círculos políticos y sociales, partidos y movimientos, sectores públicos y privados donde el concepto de que el bien general prima sobre el particular esté cubierto con prácticas de sentimientos falsos, donde el poder del dinero influye y determina sobre el bienestar del pueblo.
La mayor preocupación de cualquier reforma en estos momentos, es el enfoque con persuasión a una política de desastres económicos como lo sucedido en Venezuela, que abra las puertas a una dictadura obsesiva con consecuencias funestas para el país al ser manejadas por alguien que no sabe que la emoción combinada en sus debidas proporciones con la razón produce grandes resultados.
Mientras la probidad, en el ejercicio de lo público en la administración del patrimonio de las naciones, no vaya de la mano con los sistemas democráticos participativos, no hay nada que hacer; tampoco si las mentes con pasiones infranqueables no alejen su atención del odio, egotismo y prepotencia.
El equilibrio entre lo público, lo privado y la sabiduría son claves en estas soluciones; solo se necesita de mentes sensatas sentadas siempre en posición de equilibrio.
Por: Fausto Cotes N.