Habitantes del municipio de Pueblo Bello, Cesar, denunciaron violación de Derechos Humanos por parte de la Alcaldía Municipal y la Policía Nacional, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, cuando se disponían a desalojar un terreno invadido.
Rocío Mosquera Cárdenas, líder de los afectados, narró los hechos y las razones por las qué se desplazaron a Valledupar en busca de ayuda humanitaria y judicial.
“Sin las medidas de protección para la comunidad fuimos agredidos brutalmente por parte del Esmad. El Alcalde de Pueblo Bello, Javier Landazábal, llega y hace el desalojo, pero sin que haya presencia de la Defensoría, del Bienestar Familiar, sin un plan de adecuación y una notificación previa; nos notificaron ese mismo día, y nos dieron media hora, la cual no se cumplió cuando ya estábamos siendo agredidos por el Esmad”, declaró Mosquera Cárdenas.
Señaló que por haber niños, y adultos heridos se vieron en la obligación de trasladarse hasta Valledupar, para “implorar por la vida de las personas que dejaron en la comunidad. Nuestros líderes están siendo amenazados. Todos fuimos amenazados de muerte por parte de la administración”.
La vocera se fue lanza en ristre contra el mandatario de la población al referir: “Sí bien se sabe que el señor (Landazábal) ha tenido antecedentes y es bien sabido por la Fiscalía y la opinión pública, y que en la zona todavía hay presencia de Bacrim.
Nosotros pedimos el apoyo de los medios nacionales e internacionales, y hacemos responsable al Estado por la seguridad de las familias, y de nosotros los líderes voceros de esta comunidad”, afirmó.
El predio por el que se enfrentan 260 familias y la Alcaldía es denominado La Victoria, cuenta por lo menos con 18 manzanas, ubicadas sobre cinco hectáreas de tierra pertenecientes a la finca Helena; el lugar está en la entrada a Pueblo Bello, frente al Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé.
Según el relato de los afectados, la fuerza pública abusó de la autoridad: “llegaron lanzando gas lacrimógeno, con motosierras, retroexcavadoras para derrumbar todas las casas sin dar oportunidad de sacar las pertenencias. Parece que hubiera pasado un tsunami”, anotó una persona que pidió reserva en la identidad.
José Luis Peralta, representante en la Mesa Departamental de Víctimas, expresó que las familias al ver trascurrir el tiempo, y no ver el proyecto de vivienda prometido por la administración municipal decidieron reeinvadir el lote. “Fue algo muy brutal, tenemos vídeos de la situación y consideramos que hubo violación de los Derechos Humanos”.
El desalojo de ‘cambuches’ artesanales (plásticos, madera, varillas de acero y láminas de zinc), que inició pasadas las 7:00 de la mañana, dejó como saldo cuatro personas heridas; la de mayor gravedad fue una menor de seis años, quien recibió atención inmediata por presentar cortadura en el brazo derecho, y laceración facial, recibiendo 20 puntos de sutura entre las dos heridas.
La Alcaldía de Valledupar envió a un albergue temporal al grupo proveniente de Pueblo Bello, de unas 40 personas, algunas con niños en brazos que la noche del sábado se plantaron en la plazoleta de la Gobernación del Cesar en busca de soluciones.
Cabe resaltar, que el desalojo debió ser detenido por las autoridades de Pueblo Bello, debido a una tutela que interpuso la Defensoría del Pueblo del Cesar ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimientos, para que se priorizaran los derechos de los habitantes de la invasión.
“Les inyectan veneno político”: Alcalde
El Alcalde de Pueblo Bello, Javier Landazábal Gómez, le dijo a EL PILÓN que ellos cumplieron “paso a paso” los requisitos que les exigía la Ley para el desalojo.
“Sí hubo presencia de la Personería, Comisaría de Familia, Sijín, y toda la fuerza pública. Lo que nosotros menos queríamos era llegar al punto del desalojo, porque ahí existe un proyecto de vivienda contratada para 300 viviendas gratis, para gran parte de esa gente que está invadiendo. Con tanto esfuerzo que se ha hecho, no entiendo porque están obsesionados con torpedear el proyecto”.
El mandatario contrarrestó las declaraciones de Rocío Mosquera Cárdenas en su contra. “Eso es cien por ciento falso, están tratando de dañar mi imagen. Cuando uno tiene que utilizar la posición de autoridad, no van a estar conformes con uno y era lo que menos queríamos”, dijo.
Landazábal Gómez tildó de “aprovechados” a los denunciantes luego del desalojo, y denunció que las amenazas han sido en contra suya, y la de su familia: “Sí hay alguien que de verdad se le crea una amenaza es al alcalde. Ellos (invasores) han dicho públicamente que le van a cortar la cabeza al alcalde, van a quemarme la casa, que me van a matar… nosotros no hemos salido hacer esas denuncias porque entendemos que ahí hay gente involucrada con el tema político, y que quiere aprovecharse de la situación”.
El alcalde agregó que la situación está difícil, porque ahora deberán hacer un nuevo desalojo, y este año no se hará por falta de presupuesto.
“No podemos decir que los vamos a reubicar de una vez. A ellos les están inyectando un veneno que uno entiende y es político. Ellos no quieren casa, piden los lotes y eso es extraño para nosotros”.
Somos un acompañamiento: Policía Nacional
Los supuestos hechos de abuso, que denunciaron los afectados en el desalojo involucraron a la Policía Nacional, y este medio consultó al subcomandante de la Policía en el Cesar, Anthony Urrea, para tratar el tema.
“Lo nuestro es un apoyo a la diligencia adelantada por la administración municipal en Pueblo Bello, donde hace cuatro meses se presentó la invasión a un predio en este municipio.
El día viernes en horas de la mañana hay un pequeño desorden, que fue atendido por efectivos de la Policía Nacional que estaban apoyando la diligencia”, profirió Urrea.
De igual manera, el Teniente Coronel expresó que al momento en que los ciudadanos corrían por el sitio, resultaron lesionados dos menores de edad, con golpes en la cara y en la pierna, dos adultos, quienes fueron remitidos a un centro asistencial.
“Aproximadamente a las 5:00 de la tarde hay una notificación oficial de una solicitud que hace la Defensoría del Pueblo para suspender la diligencia hasta nueva orden, y con base en eso, se evidencia que en este momento continúa la invasión, y presencia de personas en el municipio”, señaló
Acompañamiento del Pnud
El Coordinador Territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) Cesar, Gabriel Turriago, expresó que el papel de ellos como Naciones Unidas es el de tratar que las instituciones den las garantías que se requieren para estos casos, y los procedimientos.
De igual manera, el funcionario anunció el compromiso de seguir acompañando el caso por la responsabilidad de los Derechos Humanos, “buscamos que haya pronto un entendimiento y solución entre las partes”.
Historia de la invasión
El predio invadido está destinado para la construcción de para la construcción de 300 Viviendas de Interés Prioritario, VIP.
En la actualidad el lote llevará el nombre de Villa Erika y es de cinco hectáreas, acondicionas por la Administración Municipal para construir una urbanización con todos los requisitos de la ley. Para el proyecto de la urbanización, el Ministerio de Vivienda invertiría 12 mil millones de pesos, según informó el Alcalde.
“Hubo violación de Derechos Humanos porque tenemos el vídeo y lo vamos a presentar a la opinión. Este alcalde violó todos esos derechos”: Silfredy Culma Vargas.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
carlos.jimenez@elpilon.com.co