En épocas electorales, Colombia se llena de propuestas; todos ofrecen el moro y el oro. Es risible escuchar a los aspirantes a una curul al congreso, presentar sus “programas de gobierno”. ¡Qué falacia! Solo el ejecutivo, que es administrador y ejecutor de presupuestos y gastos, debe hacerlo. La función de los congresistas está tasada en la ley: básicamente se trata de legislar, hacer control político al ejecutivo y gestionar recursos para las regiones. Sus iniciativas parlamentarias en lo legislativo, podrían convertirse en leyes de la República, pero no se las pueden garantizar al elector. Además, ya estamos saturados de tantas leyes, muchas veces inocuas y/o contradictorias. Lo demás es cháchara.
En cambio, todo gobernante debe saber que, siempre, las necesidades son mayores que los recursos monetarios y es ahí donde se debe tener la capacidad para priorizar. La mayoría de los programas de gobierno son reiterativos y concebidos para explotar las emociones del elector. López prometió convertir a Colombia en el Japón de Suramérica, Samper nos vendió el Salto Social, Pastrana se montó sobre la paz al lado de Tiro Fijo, Gaviria nos vendió la lotería de los mercados internacionales, Uribe nos convenció de que lo mejor es la guerra y Santos retomó las banderas de la paz que Pastrana no pudo arriar.
Transversalmente todos ellos nos fueron metiendo subliminalmente en el juego de la minería. ¿Qué pasó en estos 32 años? Casi nada; exceptuando la Constitución del 91 y el desarme de las Farc, no creo que haya algo como para recordar en el futuro; durante ese tiempo se destruyó el aparato productivo industrial y agropecuario, pasamos de importar un millón de toneladas de alimentos a doce. Con la llegada de la inversión extranjera al sector energético nos llegó, también, la enfermedad holandesa. Gracias a la revaluación del peso, los colombianos nos sentimos ricos e importamos casi todo, descuidando el mercado interno; por eso, ahora dicen que el país es un gran Sanandresito lleno de pobres. También, el manejo de las regalías ha sido pésimo, como lo ha señalado la Contraloría General reiteradamente.
Ahora las propuestas de gobierno deben ser más novedosas; el exministro y exfuncionario de la banca multilateral, José Antonio Ocampo, dice: “ni el petróleo ni la minería deberán ser políticas de Estado para el próximo gobierno y que, en cambio, fomentar una política de ciencia y tecnología muy activa tendrá que ser un complemento esencial y necesario para garantizar un aumento en la productividad de la economía y la canasta exportadora”. Yo digo que ni en los futuros gobiernos. Las iniciativas fiscales deben ser innovadoras y progresivas; la evasión y elusión deben ser desterradas. La DIAN ya tiene inventariada la fuga de capitales de colombianos para evadir impuestos: 66.000 millones de dólares, $193 billones, suma superior a la fortuna de Slim, la mayor parte en paraísos fiscales.
Quizás, lo único que nos queda y que se pierde, es el aporte que hacen para la guerra, que apuestan por debajo de la mesa. La evasión se estima en $80 billones por año y las gabelas tributarias, sobre todo en zonas francas, $72 billones en 2016. En política agraria esperamos propuestas profundas; según el Censo agropecuario de 2014, el 70.8% de las unidades de producción agropecuaria, UPA, tiene menos de 5Ha mientras que el 0.2% de los propietarios posee el 59.5% del área total con UPA de mil o más hectáreas, muchas de las cuales son baldíos de la Nación. Esta concentración favorece el incremento de la pobreza; Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Esta distribución es la que mueve a un puñado de compatriotas a querer enterrar la verdad. Lo que si no es un programa de gobierno es la lucha contra la corrupción; esta no se puede formular, no es un plan, ni un programa, ni un rubro y no tiene indicadores distintos al saqueo por parte de nuestros dirigentes. La corrupción no es una causa, es una consecuencia y siempre debemos atacar las causas. Sin embargo, muchos la tienen como tema central de sus propuestas.
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