La financiación de las Universidades Públicas ha sido un tema prioritario en este Gobierno. Por esta razón, hemos hecho múltiples esfuerzos y hemos logrado un aumento significativo de recursos para la Instituciones de Educación Superior Públicas.
Incrementamos en 62 % los aportes anuales a estas Instituciones, pasando de $ 2,24 billones en 2010 a $ 3,65 billones en 2017. En total, en estos años, se les han transferido más de $ 23 billones de pesos.
Creamos nuevas fuentes de financiación como el CREE, que ha permitido invertir alrededor de $ 1,4 billones, principalmente, en mejoramiento de infraestructura física y tecnológica.
También creamos la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales, que ha permitido transferir alrededor de $ 172.000 millones entre 2015 y 2017.
El 2017 ha sido el año con mayor incremento en el presupuesto de funcionamiento de las Universidades Públicas. El presupuesto total fue de $ 3,6 billones pesos: 91 % para funcionamiento ($ 3,26 billones) y 9 % para inversión ($ 317 mil millones). Los recursos de funcionamiento incluyeron $ 186.000 millones de la adición presupuestal.
Esta cifra significó un aumento del 11,75 % en los recursos de funcionamiento, con respecto al 2016, el mayor incremento en recursos de funcionamiento para las Universidades Públicas desde que entró en vigencia la Ley 30 en 1992.
En el 2018, la educación se mantendrá como el sector con mayores recursos en el Presupuesto General de la Nación. Específicamente, para las Universidades Públicas se asignaron $ 3,42 billones para funcionamiento y $ 76 mil millones para inversión.
Estamos empeñados en hacer cambios estructurales en la forma como se financian las Instituciones de Educación Superior Públicas para garantizar mayor expansión y proyección del sistema.
Por solicitud del Sistema Universitario Estatal – SUE, nos propusimos impulsar una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para que en ellos se reconozcan las proyecciones de crecimiento de las Universidades Públicas, tanto grandes como pequeñas, para garantizar una mayor equidad en la distribución de los recursos.
Paralelamente, estamos trabajando en un documento Conpes que nos asegure una planeación financiera a mediado y largo plazo, así como fuentes claras de financiación.
Para el Gobierno Nacional, el fortalecimiento de la educación superior en el país está relacionado directamente con la generación de oportunidades para que más jóvenes accedan a las instituciones educativas. En seis años, logramos aumentar la tasa de cobertura en 14 %, pasando del 37 % en 2010 al 51.2 % en 2016, lo que quiere decir que uno de cada dos jóvenes en Colombia accede a la educación superior. La meta en 2018 es llegar al 57 %.
Tenemos la responsabilidad de financiar la demanda de Educación Superior y esto significa también garantizar el acceso a las poblaciones más vulnerables o con menos recursos. Así lo hacemos por medio de los fondos del Icetex que benefician directamente a poblaciones como víctimas e indígenas.
En la búsqueda de oportunidades para los jóvenes, el programa ‘Ser Pilo Paga’ ha sido fundamental para que miles de estudiantes con desempeño académico muy alto que se quedaban por fuera de la educación superior por falta de recursos, pudieran adelantar programas de pregrado en las mejores universidades del país.
‘Ser Pilo Paga’ no es una política pública de financiamiento de la educación superior y mucho menos de las universidades privadas; es una estrategia dirigida a permitir que los bachilleres más destacados puedan decidir libremente sobre su futuro y escoger en qué universidad y qué programa prefieren estudiar. Antes de ‘Ser Pilo Paga’, el futuro de jóvenes talentosos estaba marcado por sus condiciones económicas y no por sus capacidades. Hoy, más de 30.500 pilos en todo el país están cumpliendo el sueño de convertirse en profesionales y llegaremos a la meta de los 40 mil jóvenes.
Nuestro compromiso, de la mano con los rectores, es seguir fortaleciendo la financiación de las Universidades Públicas y mejorar el programa ‘Ser Pilo Paga’, garantizando su sostenibilidad e incentivando un mayor equilibrio en el acceso de beneficiarios entre universidades públicas y privadas.
YANETH GIHA
*Ministra de Educación.