Sor Juana Inés de la Cruz se refería a la prostitución, pero su famoso verso fue adoptado como definición de conducta corrupta: “¿O cual es más de culpar/aunque cualquiera mal haga:/la que peca por la paga/o el que paga por pecar?”, porque la corrupción es entre dos, es “co-hecho”, y hoy es delito trasnacional.
Estados Unidos inició la lucha contra la corrupción internacional con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977)), con la cual se pretendía, además, movilizar a la comunidad internacional para restaurar la confianza en el comercio mundial. Para entonces, las “comisiones” eran legales en Europa, y en Francia y Alemania eran deducibles de impuestos.
Solo hasta los noventa surgieron las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, con la OEA en 1996, la OCDE y la Unión Europea en 1997, y la ONU en 2004. En Colombia, el primer Estatuto Anticorrupción fue la Ley 190 de 1995, sancionada por un gobierno acusado de llegar al poder con dineros del narcotráfico, dando lugar al caso de corrupción política más traumático para el país: el proceso 8.000.
El nuevo Estatuto –Ley 1474 de 2011– es del Gobierno que reinventó los Auxilios Parlamentarios bajo el nombre de Cupos Indicativos –mermelada– para aglutinar a la Unidad Nacional que pupitrea la refundación del país al estilo Farc. Entre tanto, campea la corrupción empresarial (el que paga por pecar) a la institucionalidad pública (el que peca por la paga) a todos los niveles del Estado, sin una respuesta de las entidades de control, que se enteran por los medios (el carrusel bogotano) o por la justicia de otros países, como el caso Odebrecht, destapado en una Corte neoyorquina.
Frente a este último, que pone en riesgo la Ruta del Sol y la navegabilidad del río Magdalena, el Gobierno se apresuró con una vergonzosa muestra de opacidad, paradójicamente a través de su Secretario de Transparencia, quien, para acusar al gobierno Uribe, se refirió a uno de los dos párrafos dedicados a Colombia, en el cual se afirma que 6,5 millones de dólares se pagaron a un funcionario entre 2009 y 2010, pero olvidando que, en total, 11 millones se pagaron entre 2009 y 2014, es decir, 4,5 millones más en el gobierno Santos.
Mal mensaje. La corrupción es endémica; no tiene color político. Los corruptos se roban los dineros de la salud, la alimentación infantil y los impuestos. Entre tanto, una nueva Reforma Tributaria afecta el bolsillo de los más pobres, con un mensaje risible: El que le robe poquito al Gobierno –hasta ¡5.000 millones!– no tiene cárcel. Razón tiene el Fiscal en que esa medida es un saludo a la bandera.
Un 2007 sin corrupción suena a deseo de Año Nuevo, pero el Gobierno tiene la obligación de hacer ese propósito frente a un cáncer social más grave que la violencia y causa cierta de desigualdad y pobreza.