Los propietarios de predios en la ciudad de Valledupar viven una lucha constante por evitar que ciudadanos que alegan no tener viviendas invadan sus terrenos de manera ilegal. Esta problemática la vive el ciudadano José Luis Guerra, dueño de un predio ubicado en la Ciudadela 450 años, el cual fue invadido y ahora debe pagarle a la Alcaldía $309 millones por concepto de impuesto predial.
De acuerdo con Guerra, un grupo de personas invadieron el predio en el año 2008 y desde entonces ha sido imposible el desalojo de las 110 familias que viven actualmente en el terreno. Está problemática se tornó aún peor para este ciudadano cuando le llegó la notificación de que debía pagarle al municipio impuestos por un terreno en el que no habita, y que lo utilizan terceros de manera ilegal a pesar de que en más de una ocasión le habría informado a la administración sobre la invasión.
“Estoy perdiendo prácticamente todo porque me encuentro en un estado de indefensión. No he podido con la administración municipal llegar a un acuerdo para que me devuelvan la tierra o me la paguen. El terreno está en la Ciudadela 450 años y la invasión se llama ‘El pozo de morito’. Es una injusticia que yo le esté debiendo a la Alcaldía por un terreno que me invadieron, y no conforme con eso me estén embargando”, dijo Guerra.
En ese orden de ideas, explicó que su vivienda está siendo embargada por la administración municipal al igual que una cuenta corriente que tiene en el banco Davivienda. “Mientras que la Alcaldía no procede al desalojo me está embargando todos mis bienes y además de eso también tengo que pagarles más de $300 millones por personas que de manera ilegal están ocupando mi predio”.
El predio
Según Evaristo Rodríguez, abogado de Guerra, el terreno tiene un avalúo catastral de $1.449.543.000. Conforme a la Ley 2044 de 2020, aprobada por el Congreso de la República, Guerra tendría derecho sólo a $150 millones de indemnización por el predio y debe pagar por concepto de impuestos $309 millones, por lo que le quedaría debiendo a la Alcaldía por impuesto predial $160 millones.
“La injusticia de lo que sería la indemnización fue corregida por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-020 de 2021, en la que se estableció que el 10 % del valor del predio es inconstitucional. Ese 10 % es la base de la oferta, pero si el propietario demuestra un mayor valor, ese es el valor que tendría que pagarle la administración municipal en caso de expropiar esas tierras para legalizarlas”, explicó Rodríguez.
En ese sentido el abogado manifestó que el caso de Guerra es “una verdadera injusticia porque además de perder la tierra debe pagar por ella y está siendo embargado por la misma”. Acotando así que han expuesto el caso ante la administración municipal para llegar a un acuerdo sobre el terreno y cesen los embargos sobre los bienes de Guerra, pero hasta la fecha no ha sido posible.
Súplica de un despojado
Guerra con un tono de impotencia contó al diario EL PILÓN que es desplazado del conflicto armado y que fue obligado a salir del predio presuntamente por amenazas de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un día cuando unos hombres lo abordaron de manera sorpresiva estando en el terreno.
“La invasión no ha sido formalizada. Allí hay casas edificadas, de dos pisos, iglesias cristianas, de todo. Es terrible lo que estoy viviendo porque la casa en donde estoy me la están embargando, me quedaré sin un lugar en donde vivir a raíz de esta situación injusta en donde soy el más afectado”, argumentó Guerra.
Con pesar comentó que fue despojado de sus tierras y ahora les serán arrebatadas su vivienda y una cuenta que tiene a su nombre. Agregó que seguirá intentado llegar a un acuerdo con la Alcaldía para que le compren el terreno o se haga el proceso de desalojo para que le devuelvan el predio.
Por Namieh Baute Barrios