La promesa de valor es un término de la planeación estratégica; una “promesa” a los clientes que debe ser veraz, no engañosa, y estar dentro de las capacidades de la empresa. Al cliente no se le puede salir con que se había prometido “otra cosa” o que no se pudo cumplir por culpa de “otros”.
Colombia es una gran empresa con un Gerente que logró el puesto con una promesa de valor que no responde a la teoría. Prometió la paz a sabiendas de que no podía cumplir. Cuando le conviene, reconoce que la paz va más allá del silencio de los fusiles, un derecho fundamental y deber colectivo que no se negocia, se construye. Pero a la hora de hacer propaganda, se le olvidan esas nimiedades de la publicidad engañosa y las promesas que deben cumplirse. “La paz está cerca”. “Colombia será otra con la firma de los acuerdos”. Claro que es mejor que las Farc abandonen la violencia, pero de la firma de unos acuerdos a la paz hay mucho trecho.
Colombia no verá el fin de la violencia –y menos la paz– mientras haya armas, que las habrá mientras haya narcotráfico, un flagelo que volvió a copar la capacidad del Estado. Un informe de la ONU y el Gobierno afirma que los cultivos pasaron de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 en 2014, pero le creo a la Oficina para las Drogas de la Casa Blanca, que en marzo informó que, para 2015, el país tenía 165.000 hectáreas y había regresado 15 años atrás, a los inicios del Plan Colombia. En un sorprendente trino, el Ministro de Defensa le achaca el incremento a “factores climáticos y logísticos” –no hay derecho–, mientras el Gobierno anuncia la “exitosa” fumigación manual y un proyecto piloto de sustitución en un municipio con pocos cultivos.
Entre tanto, las bacrim hacen de las suyas y el Eln resurge con inusitada capacidad armada, aun en regiones donde no hacía presencia –¿cambio de brazaletes?– y en los estados venezolanos donde se refugia.
El Gobierno sigue atrapado en sus tiempos. La última fecha de acuerdo final era el 20 de julio, pero hoy está enredada. Las salvedades siguen pendientes, sobre todo las del acuerdo agrario. Las Farc aceptaron el plebiscito –para qué Asamblea– pues lograron incorporar lo acordado a la Constitución, gracias a un mico de última hora.
Falta que la Corte se pronuncie sobre tal atropello a la Carta y sobre el plebiscito, una refrendación acomodada para ganarla y que obliga al SÍ o al NO frente a unos acuerdos complejos. Todo o nada, en un plebiscito que, además, ha impedido la urgente reforma tributaria frente a un hueco fiscal de ¡34 billones!
El Gobierno no tiene plata para cumplir siquiera su verdadera promesa, la que está detrás de la paz, la que vale diez billones durante diez años –y por ahí pasa–, para acomodar el campo, la institucionalidad y el Estado de Derecho a las exigencias de las Farc. ¿Promesas de valor, o promesas sin valor?