Son varias las irregularidades que al parecer se cometieron con la licitación del proyecto de infraestructura vial Francisco El Hombre en el departamento de La Guajira, por lo que la Procuraduría General de la República estaría estudiando suspender este proceso, que tiene en la mira a la gobernadora encargada Tania Buitrago, quien presuntamente se habría extralimitado en sus funciones al seguir adelante con el proceso de adjudicación, aún cuando las facultades para el mismo terminaron el 30 de mayo del 2018, según la Ordenanza 457 de la Asamblea Departamental. Además que el único oferente estaría vinculado con el caso de corrupción Lezo en España.
El proyecto cuyo valor es de 1.2 billones de pesos pretende rehabilitar tres vías del departamento. Una obra que conectará Riohacha – San Juan del Cesar – Fonseca.
El único oferente en este proceso licitatorio es la concesión Francisco El Hombre que está integrada por la firma Licuas, con el 30 % del consorcio, la cual ha estado en el ‘ojo del huracán’ por el caso Lezo, una trama de corrupción y sobornos cuyos beneficiarios serían los integrantes del Partido Popular.
De estas denuncias se interpuso en La Guajira una tutela que busca suspender la licitación. Entre otras razones porque el único proponente es el consorcio Francisco El Hombre.
Así mismo, el proceso licitatorio ha tenido múltiples retrasos y problemas con su cronograma y se han ampliado los plazos de forma irregular.
El Ministerio Público estudia si pide la suspensión del negocio.
Otra de las presuntas irregularidades que tendría el proceso es la falta de una póliza de seguridad en la oferta para garantizar la indemnización para el Estado en caso tal haya problemas para el inicio de la obra o abandono de la misma.
Licuas es una empresa española, según su página web, con más de 30 años de experiencia en áreas como construcción de obras civiles, zonas verdes y concesiones públicas y privadas, con presencia en Colombia, Polonia y Catar.
Las autoridades investigan si la fortaleza económica de la compañía se dio por contratos amañados con las filiales como Inassa, la cual es objeto de investigaciones, por la presunta apropiación de 80 millones de dólares que, según el organismo de control, la multinacional cobró sin ejecutar el contrato de asistencia técnica firmado con Triple A hace 17 años.