La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIVA), por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para intervenir las intersecciones de las glorietas María Mulata y Los Gallos.
La indagación surgió a raíz de una publicación realizada por EL PILÓN, en la que se detallaron los documentos en los que el ‘Consorcio Desarrollo Urbano Valledupar’ aseguraba que fueron excluidos de forma irregular del contrato.
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Gerente suplente
En los oficios que están en el Secop II, los contratistas dejan el antecedente de lo que consideran fue un acto irregular. Y es que el comité evaluador del SIVA los excluyó aduciendo que no cumplían con la experiencia específica que exigía haber contratado la instalación de proyectos o mantenimiento de semáforos y redes eléctricas.
“Nosotros estamos cumpliendo en debida forma con el requisito y estimar como lo pretende el informe de evaluación dado a conocer por la entidad, que no estamos cumpliendo con la condición, ocasiona una lesión a nuestro derecho de postulación, al debido proceso y al principio deber de selección objetiva”, afirmaron los empresarios en su respuesta.
Incluso, durante el proceso lanzaron una advertencia a la gerente del SIVA, Katrizza Morelli, para que se apartara de lo establecido por el comité evaluador. “En caso de no acceder a esta respetuosa solicitud, comedidamente solicitamos soportar la decisión del comité evaluador y trasladar esta comunicación a la doctora Katrizza Morelli Aroca, gerente general y representante legal de la entidad para que en los términos del ley se separe de la recomendación que le hace el comité y proceda en derecho a habilitar nuestra oferta, so pena de incurrir en falta gravísima, desconocimientos del pliego de condiciones y de los principios de transparencia”.
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El encargado de firmar el contrato por parte del SIVA no fue la gerente Katrizza Morelli, sino Luis Gabriel Rivera, quien hizo de gerente suplente.
En ese sentido, la Procuraduría Provincial de instrucción de Valledupar busca corroborar cuál(es) funcionarios públicos habrían realizado “las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria”.
El adjudicado
La licitación de $7.796 millones fue entregada al ‘Consorcio Los Gallos’, representado legalmente por José Martín Acosta Soto.
Este consorcio está integrado por Inversiones Taico S.A.S, representada por el mismo José Martín Acosta, y JASHE S.A.S, representada por Javier Darío Monsalvo Bolívar. Ambos son contratistas recurrentes y cercanos a la Gobernación del Cesar, controlada por la familia Monsalvo Gnecco.