Pasaron tres años y siete meses desde cuando varias instituciones y prestigiosos juristas decidieron demandar la nulidad de la reelección del procurador Alejandro Ordoñez Maldonado ante el Consejo de Estado; en reciente fallo se tomó la decisión de separarlo del cargo en razón de que el acto de elección se encontraba viciado.
Cuando casi el Procurador culmina su segundo periodo constitucional decide la máxima instancia de lo contencioso administrativo una demanda que ha tenido todas las vicisitudes habidas y por haber, como suele ocurrir en nuestra paquidérmica justicia, cuando está de por medio una persona poderosa.
Al leer la argumentación y consideraciones presentadas por la magistrada ponente uno se pregunta ¿y cuál sería la causa para que en un caso tan evidente, una transgresión constitucional tan flagrante, una elección espuria de bulto, se haya dilatado tanto su decisión?
Si observamos los antecedentes del Consejo de Estado no debería causarnos extrañeza la decisión morosa y tardía en cuyo caso se interpusieron todos los recursos, recusaciones, impedimentos y demás artimañas jurídicas por parte del hoy exprocurador para quedarse el mayor tiempo posible en el cargo y utilizarlo, como en efecto lo hizo, para hacer la más descarada participación en política de un servidor público, que entre otras cosas, tenía como función la vigilancia de esa prohibición constitucional.
Es ese el mismo Consejo de Estado que se ha tomado más de cuatro años para resolver un recurso de apelación en el fallo de la acción popular que le ordena devolverle los predios del Parque la Leyenda al municipio de Valledupar y que a unos estudiantes de derecho que le interpusieron un derecho de petición preguntándole sobre ese caso no le ha respondido después de seis meses.
Fueron muchas las arbitrariedades en las que incurrió el saliente Procurador amparado en su caparazón de “godo” recalcitrante y de católico incendiario, con el poder desmesurado que tiene hoy en día la máxima instancia del Ministerio Público y en manos de un hombre de su talante, no se podía esperar menos.
Creo que pocos abogados en Colombia como el hoy exprocurador han demostrado tanto desprecio por los principios éticos, decoro y lealtad profesional en su empeño de dilatar el proceso que hoy llegó a su fin en el Consejo de Estado y que le permite, a mi juicio, salir crecido políticamente, que entre otras cosas fue lo que buscó durante los últimos años para encumbrase como candidato presidencial de la ultraderecha.
Debemos agradecerles a juristas como Rodrigo Uprimny Yepes y nuestro paisano Carlos Mario Isaza Serrano, quienes tuvieron la valentía jurídica de enfrentarse a un “todopoderoso” Procurador, que hoy sale por la puerta de atrás a hacer lo que hace rato venía haciendo, pero ahora sí sin la investidura del Ministerio público.