Cada vez que reviso las cifras de importación de productos agropecuarios de nuestro país, siento una mezcla de rabia, frustración, incapacidad, tristeza y decepción.
De las compras externas agropecuarias del año pasado, 6.900 millones de dólares (unos 25 billones de pesos), se quedaron en las manos de agricultores de otros países. Es incompresible que teniendo 42 millones de hectáreas aptas para el desarrollo agrícola y ganadero en este país, con unas condiciones agroecológicas favorables y una población rural trabajadora, estemos dejando pasar esta gran oportunidad de producir nuestros alimentos y generar esos empleos y riqueza acá. Ingresos que hubiesen servidos para bajar la altísima tasa de desempleo del 15.9 %, amortiguar la caída del PIB (-6.8 %) y aumentar el recaudo fiscal.
Deben estar ustedes preguntándose ¿por qué suceden estas cosas en Colombia? Esencialmente por dos razones. La primera, porque se suscribieron 17 Tratados de Libre Comercio sin antes haber preparado al sector agropecuario para enfrentar a unos competidores externos altamente productivos, competitivos y subsidiados. La segunda, por falta de planeación, inversión pública y voluntad política. O ¿cómo explicar que después de 20 años de millonarias aplicaciones de recursos de créditos de Finagro al agro, no hayamos sido capaces si quiera de aumentar el área y la productividad agrícola y ganadera del país?
No nos echemos mentiras. La política agraria y rural de este país ha sido manejada por un club de burócratas a punta de carreta barata, programas mediáticos y soluciones utópicas que solo contribuyen a empobrecer a los agricultores y perpetuar los problemas del campo, mientras ellos se la pasan bebiendo whisky en los clubes y restaurantes de Bogotá.
De poco sirve seguir diciéndoles a los agricultores y ganaderos del país que sus dificultades van a ser resueltas a través de “Pactos y Conpes”, créditos subsidiados, condonación de deudas, reducción de impuestos o aumento de aranceles. Ya basta de soluciones ilusorias que suelen ser inspiradas en la ingenuidad, o, peor aun, en propósitos demagogos y electorales.
Las dificultades de los agricultores y ganaderos del país no deben seguir siendo resueltas repartiendo subsidios de forma injusta, arbitraria y con criterio político, y sin tener en cuenta la buena gestión de unos, frente a la mala gestión de los otros, sino a través de una política integral agrícola que ayude a contrarrestar y eliminar las causas de las ineficiencias de los productores del campo y el alto “Costo país” que tenemos. La mayoría de los productores del campo tienen bajos rendimientos por unidad de tierra y de animal, no cuentan con transferencia de conocimientos y de tecnologías, tienen altos costos en producción y logística de transporte, y no poseen seguridad jurídica sobre sus predios.
Hace rato vengo advirtiendo en esta columna sobre la necesidad de trabajar comprometidamente en una estrategia de cadena agroindustrial, dirigida a orientar de manera eficiente los recursos de inversión en los sectores agrícola, pecuario y forestal, para lograr competitividad, rentabilidad y sostenibilidad en los agro negocios. La internacionalización de la economía es un proceso creciente que toca todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan. Las respuestas ya no se encuentran en la historia y la repetición del pasado solo conduce al fracaso.