He participado en las conversaciones de esta semana entre los voceros del NO en el plebiscito con los negociadores del Gobierno. El Gobierno nos pidió confidencialidad para el documento que le presentamos, pero sí puedo compartir algunos de los principios básicos que deben guiar el nuevo acuerdo:
Debe hacerse con pleno respeto de la democracia y la institucionalidad republicana. Ello supone respetar el carácter unitario del Estado, la separación, independencia y autonomía de los poderes públicos y sus funciones, y los derechos y libertades ciudadanos. No es conveniente que el acuerdo haga parte de la Constitución.
Hay que facilitar la desmovilización, el desarme y la reinserción de los miembros de las Farc, y que hay que proteger su vida y todos sus derechos, pero no se debe premiar a los violentos ni dar mal ejemplo.
No hay ninguna razón para romper a favor de los violentos el principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley. En el nuevo acuerdo no debe haber trato preferencial o prioritario para los miembros de las Farc y para su partido político.
El acuerdo debe proteger el derecho de propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la competitividad de nuestra economía, y no puede contener limitaciones o afectaciones a tales derechos.
Hay que proteger la sostenibilidad fiscal de nuestra economía. No deben acordarse planes, programas, proyectos e inversiones que no sean pagables y sostenibles. El acuerdo no debe crear nuevos organismos sino cuando no haya en la estructura actual del Estado quien pueda cumplir las tareas que se le asignarían. Hay que “desburocratizar” el nuevo acuerdo.
Solo lo estrictamente humanitario del acuerdo podría considerarse como acuerdo especial del derecho internacional humanitario, y en todo caso, ese acuerdo no debe hacer parte del bloque de constitucionalidad.
Hay que cuidar la familia como núcleo básico de la sociedad y si bien hay que proteger los derechos de las mujeres y de las minorías, hay que evitar llevar al acuerdo posiciones ideológicas que no son compartidas por el grueso de la sociedad.
El acuerdo no debe contemplar beneficios judiciales para los miembros de las Farc que no se den a los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado.
El acuerdo debe dar trato especial y prioritario a las preocupaciones y demandas de las víctimas de las Farc, en tanto que se hace con ese grupo armado.
Estoy convencido de que la sostenibilidad del nuevo acuerdo con las Farc y la seguridad que buscan sus miembros no viene de constitucionalizar su texto sino de un gran consenso nacional sobre la paz. Ese consenso político y social asegurará la estabilidad de lo acordado, evitará que sea parte de la contienda electoral, y nos permitirá a dedicarnos a solucionar nuestros grandes desafíos: el narcotráfico, el desempleo y la corrupción.
Por Rafael Nieto Loaiza