La tarde de este martes, EL PILÓN conoció que el Gobierno nacional, la Universidad Nacional de Colombia y el municipio de La Paz oficializarán un convenio en el que se establece que entre las partes construirán la etapa I de la segunda fase de la Universidad Nacional, sede de La Paz.
La primera etapa de la segunda fase de la universidad estaba ‘embolatada’ en una disputa entre la Gobernación del Cesar y la institución por quién la contrataba. En el medio se encontraba el Gobierno nacional, que más allá de la presión de los congresistas, decidió firmar el convenio con la Nacional.
Las autoridades de la principal universidad pública del país acudieron a la Alcaldía de La Paz para que diera el aval dentro de los pactos territoriales. Como dicha Alcaldía no cuenta con los recursos suficientes, según fuentes consultadas por EL PILÓN, la Nacional transferiría los excedentes para así completar lo que debía poner la Gobernación. En total, la institución aportará $24.000 millones, de los $80.000 necesarios para construir la primera etapa.
ANTECEDENTES
El pasado mes de agosto, la Universidad Nacional envió una carta al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, en la que rechazaban una certificación expedida por Monsalvo en la que certificaba que la Gobernación del Cesar sería la entidad ejecutora de los recursos destinados, en el marco del mecanismo de Pactos Territoriales, “para la construcción de la primera etapa de la Fase II del campus de la Sede de La Paz”.
La carta señalaba que el equipo de dirección de la Sede de La Paz revisó la certificación expedida por Monsalvo y una vez hecha la consulta ante la Rectoría le solicitó que disponga de los trámites y certificaciones correspondientes para que la entidad ejecutora de los recursos de Pactos Territoriales sea la Universidad Nacional de Colombia.
¿En qué sustentaron esta decisión? La Universidad Nacional señaló que los estudios y diseños de la Fase II del campus de la Sede de La Paz fueron inicialmente contratados por la Gobernación del Cesar, pero, para la presentación ante Pactos Territoriales, estos no cumplían con los requerimientos establecidos.
En segundo lugar, la institución de educación superior señaló que el DNP había informado que los $80.000 millones disponibles para viabilizar el proyecto provenían de recursos de la nación (PGD), pero que hace un mes les indicaron que no sería la totalidad, sino el 70 %, y el restante 30 % provendría del departamento del Cesar. “En vista de que el grueso del aporte es del nivel nacional y que la Universidad Nacional de Colombia es una entidad de este orden, debería ser esta la que ejecute los recursos del proyecto”, aseguraron.
Por su lado, la asesora de Despacho de la Gobernación, Elvia Milena Sanjuan, señaló que la entidad departamental es la “idónea para ejecutar dichos recursos”.
“Cabe precisar que el Pacto Territorial Cesar-Guajira corresponde a la tipología funcional, y fue suscrito entre el Gobierno nacional, las gobernaciones del Cesar y La Guajira, y los municipios de ambos departamentos. En este sentido, en la cláusula segunda se estipula el ámbito de aplicación de este pacto. ¿Qué es eso? El pacto territorial aplica a las entidades signatarias. ¿Cuáles son esas entidades? El Gobierno nacional y las gobernaciones, lo que deja claro, dentro de este sustento normativo, que la Universidad Nacional no puede ser ejecutora de los recursos de la segunda fase de la sede La Paz”, señaló la funcionaria.
Al no llegar a un acuerdo las partes, la Universidad Nacional decidió acordar dicho proceso con el municipio La Paz, el cual hace parte del pacto territorial.