Hay fechas que parten en dos la vida de los pueblos y que marcan el horizonte que con decisión quieren construir. Para Aguachica, Cesar, esa fecha fue el 27 de agosto de 1995, cuando en uso de las herramientas que ofrecía la nueva Constitución de 1991, sus ciudadanos llamaron al mecanismo de Consulta Popular para hacer un voto por la vida. Así, la Consulta Popular por la Paz fue la primera que se convocó en Colombia.
La pregunta lanzada fue un grito desde diversas voces: ¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz? En la votación de este mecanismo de consulta popular, el Sí obtuvo 10.460 votos y el No 42. Faltaron 995 votos para cumplir la exigencia del umbral requerido: el 30 % del total del censo electoral del municipio. Aun cuando no se alcanzó el umbral, la legitimidad y el llamado de la Consulta se hicieron sentir y los votos obtenidos se tradujeron en un llamado a la protección de la vida en un momento crítico para la región y para el país.
Más allá del mecanismo escogido para lanzar este llamado, el peso de la iniciativa está en su mensaje y en la manera en la que se desarrolló la movilización en medio de un álgido período de recrudecimiento del conflicto armado. La ciudadanía con el liderazgo de diversos sectores, cambiaron los consejos de seguridad por asambleas ciudadanas, en las que la participación, la voz ciudadana y el trabajo en red fueron la estrategia.
El hilo del tiempo nos ayuda a comprender
Seguir el hilo del tiempo nos ayuda a comprender la valentía de la decisión del pueblo de Aguachica en medio de la situación de 1995: En esta región confluyen la interconexión vial con el interior del país y la Costa Caribe, las bonanzas vividas y la configuración de una agricultura comercial que “permitió la estructuración de otros sectores económicos como el comercio, la agroindustria y los servicios”. Esto hizo del Sur de Cesar, una tierra de abundancia y despensa vital para otras regiones del país.
La marca de los actores armados en el territorio no se hizo esperar. La expansión del Ejército de Liberación Nacional ELN al sur de Bolívar y al Cesar se dio entre 1969 y 1972 con los frentes Carlos Armando Cacua, Camilo Torres Restrepo. Luego, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, realizaron su expansión en esta misma zona en los ochenta con los frentes 20, 24 y 33 del Bloque Magdalena Medio y el frente 37 del Bloque Martín Caballero. Asimismo, el EPL con los frentes Ramón Gilberto Barbosa Zambrano y Libardo Mora y el M-19 que, en 1977, secuestró al gerente de Indupalma, Hugo Ferreira, en el momento en que se negociaba el pliego con el sindicato de la Palma en Bogotá. En enero de 1993 se creó el Batallón Tarea 27 de contraguerrilla, que se conoció también con el nombre de ¨Rogelio Correa Campos¨, grupo especial de la V Brigada y la Brigada Móvil 2, del Comando General del Ejército.
Aguachica se ubicó entre los 15 municipios más afectados de Colombia por el secuestro (1970 – 2010), con responsabilidad de los grupos insurgentes y de organizaciones de delincuencia común dentro de las cuales, más tarde, se logró establecer participación de comerciantes de la región en algunos casos dentro de ese período. Al mismo tiempo, se desataba una cruenta violencia contra el movimiento sindical con asesinatos selectivos que se registraron desde 1971 y que no han parado, dejando en la región 95 líderes asesinados como lo muestran las cifras acumuladas hasta el 2018.
En esos años 80, en el sur de Cesar se inició la conformación de los grupos de autodefensas de los primos hermanos Prada y Chepe Barrera que cubrieron desde San Alberto hasta el Banco Magdalena y surge también el grupo muerte a secuestradores MAS. En aquel momento, una lista presentada por el procurador general de la nación, Carlos Jiménez Gómez, señaló que 163 personas pertenecían al MAS, de los cuales 60 eran miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, entre ellos se incluían 4 coroneles y mayores, comandantes de Batallones en el Magdalena Medio.
Para 1991, en Aguachica y municipios aledaños, ganaba espacio el Movimiento Político Acción Comunitaria, MAC, que surgió de juntas comunales campesinas y de organizaciones de trabajadores del Cesar, a mediados de ese año. Contra este movimiento político, entre el 28 octubre 1992 y 23 de septiembre 1997, se perpetraron más de 20 victimizaciones entre las que se cuentan 17 asesinatos de sus miembros, y hechos como desapariciones forzadas, atentados, amenazas, secuestro, estigmatización y persecución. El alcalde electo de Aguachica para el período 1992 – 1994 Manuel Claro, de este movimiento, fue destituido por la Procuraduría por el delito de prevaricato, del cual fue absuelto al descubrirse que era un montaje por parte de las élites políticas de la región.
En el año 1994 también fueron asesinados empleados públicos y concejales. En este contexto, después de la destitución de Manuel Claro, fue nombrada alcaldesa Patricia Rojas del partido liberal, quien se vio obligada a presentar su renuncia el 31 de mayo de ese año por las amenazas del ELN. Esto llevó a la designación de un alcalde militar, el Mayor del Ejército Jonh Carlos Vigoya que tuvo su período hasta el 31 de diciembre. A pesar de estas medidas, otra masacre se produjo en el corregimiento de Norean donde fueron asesinadas 3 personas, cerca de la cabecera municipal de Aguachica, el 29 de julio de 1994.
Luego de la alcaldía militar, el 1 de enero de 1995, Luis Fernando Rincón un firmante de la Paz del M19 con el Gobierno Nacional, ganó la Alcaldía de Aguachica y asumió su cargo. No habían corrido ni dos semanas de ese año, cuando fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Patiño, ocho personas y una persona desaparecida. En esta nueva masacre se determinó la participación del ejército. Al mismo tiempo, las amenazas de parte de la guerrilla del ELN y de los paramilitares, no paraban.
La reflexión de Rincón sobre ese contexto vivido en Aguachica y el sur del Cesar, quedó plasmada en 1996 en las memorias del “Encuentro Paz y guerra en conflictos de baja intensidad: El Caso colombiano”, en el que él manifestó:
“El escepticismo de la gente en las instituciones y en la posibilidad de encontrar un camino para la paz, pareció alimentarse con las masacres ocurridas […], a las cuales siguieron los respectivos Consejos de Seguridad. Sin embargo, poco después del asesinato del Doctor José David Padilla Villafañe, director del Hospital Regional de Aguachica, (El 31 de marzo de 1995) hombre pulcro y servicial, rebozó la capacidad de resignación de un pueblo que había visto caer o huir a sus mejores hijos. En ese momento decidimos convocar ya no un Consejo de Seguridad sino a la población civil, para discutir, evaluar la situación y tomar las decisiones pertinentes tomando en cuenta la gravedad de los hechos”.
“[…] Estas Asambleas empezaron a hacerse frecuentes hasta el punto que terminaron llamándolas reuniones de la sociedad. De estos escenarios, surgió la idea de una Consulta Popular” se decidió que no se convocarían más consejos de seguridad y que la paz es un asunto que le incumbe a los ciudadanos” y en ellas participaba hasta el vendedor de raspados del parque.
Este proceso que se fue gestando desde antes del 25 de abril de 1995, fecha de la primera asamblea, a agosto de 1995, fecha de la realización de la Consulta, contó también con la participación y guía de Monseñor Leonel Pineda y de diversos líderes del municipio como el conservador Álvaro Payares Ropero que fue asesinado el 6 de octubre por el ELN. Allí se congregaban la ciudadanía, personas de la administración municipal, hasta miembros del concejo y se discutía acerca de las salidas posibles a ese recrudecimiento de la violencia.
La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad #EuropaCreeEnColombia
| CAJA DE TEXTO PARA LAS PUBLICACIONES |
| ¿Cuál es la tarea de la Comisión de la Verdad? “El mandato de la Comisión de la Verdad que solo tiene 3 años, tendrá que preguntarse qué es lo que impide salir de la guerra, qué es lo que se ha convertido en un patrón de comportamiento, en un patrón cultural o en un patrón institucional o cuáles son las leyes, los prejucios que hacen que nos despreciemos, que nos eliminemos, que todo conflicto se vuelva un conflicto armado, entonces eso es lo que queremos hacer tener un relato comprensivo que nos permita nombrar lo que es necesario resolver”, Lucía González, comisionada de la verdad. |
(Primera entrega).
Por: Sofía Helena Reyes Villegas e Icela Karine Durán, coordinadora Comisión de la Verdad en la territorial Aguachica.