La aprobación por parte del Congreso de la República del proyecto de ley que tiene por objeto crear una prima extra legal a los trabajadores que devenguen hasta 1,5 salarios mínimos, y cuyo pago pretende sea asumido por las Cajas de Compensación Familiar, generará un impacto de proporciones gigantes que más que ayudar, perjudicaría a los trabajadores y especialmente a sus familias.
En Colombia funcionan 43 cajas de compensación, entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyos ingresos NO son utilidades y por eso sus excedentes se reinvierten en labor social. Según el proyecto, la idea es que para financiar esa prima se tome gran parte de los recursos parafiscales del 4% que aportan los empresarios y que recaudan las cajas para el pago de la cuota monetaria, gastos sociales, fondos de ley como vivienda, educación, infancia, empleo, recreación y se destinen al pago gradual de la prima que como primer desembolso resultaría para el ejercicio del primer año, 1.2 billones de pesos y para el segundo año 2,45 billones.
Esto calculado con el salario mínimo de este año, separando empresas medianas y grandes con afiliados que devengan menos de 1.5 SMMLV, volvería inviable a las Cajas de Compensación y solo le llegaría a 6 millones de un total de casi 10 millones de trabajadores del sector formal en toda Colombia.
De esta manera, quedarían sin prima los afiliados que devenguen a partir de 1.5 a 4 SMMLV lo cual sería inequitativo y de un impacto negativo de grandes dimensiones, especialmente en las regiones en donde las cajas son un referente no solo por la labor social que realizan sino además por su aporte al PIB local y nacional y su contribución a la generación de empleo.
Tal como se propone este esperpento de proyecto, Comfacesar, por supuesto no escaparía a esta situación, dado que tenemos 110 mil trabajadores afiliados de los cuales un 40% estarían incluidos en esta franja, es decir, alrededor de unas 44 mil personas.
Asumir ese pago teniendo que eliminar subsidios y la prestación de muchos de esos servicios sociales, implica quitarle al trabajador unos derechos adquiridos y esto acabaría con el espíritu de la ley 21/82 y por ende con el Sistema del Subsidio Familiar, toda vez, que el primer subsidio en riesgo sería la cuota monetaria y al ser insuficiente para pagar la totalidad de la prima, se tendrían que tocar los demás fondos de ley, por ejemplo, la financiación a los subsidios de vivienda, de desempleo, el fondo de niñez y educación, salud y recreación.
Los grave aquí es pretender que los mismos recursos del 4% que aportan los empresarios para beneficio de los trabajadores, sean utilizados para devolvérselos en una prima a todas luces engañosa, porque sería como sacarla de un bolsillo para pasárselas al otro, cosa que deben tener claro a estas alturas las centrales obreras, ya que por ejemplo, tendrían que cerrarse para muchos trabajadores los centros recreacionales de los que se han estado beneficiando sus hijos y familiares.
Desde el interior de las cajas, la sociedad que nos agremia y las centrales obreras, venimos haciendo un fuerte trabajo en relación a esta situación para poder mostrar lo que está ocurriendo, exponiendo el verdadero alcance de este engendro que podrá sonar muy bien sobre todo en épocas electorales, pero que sin duda mataría un sistema que funciona desde hace 65 años con mucha responsabilidad.
Como paso siguiente además de enterar a los usuarios y la comunidad en general, debemos hacer pedagogía sobre el particular a nuestros congresistas para explicarles el impacto que genera semejante propuesta en el departamento que representan y comprendan que la prima extra es un falso beneficio que atenta contra los trabajadores y sus familias.
Columnista invitado, Frank David Montero Villegas, Director Administrativo Comfacesar