Al escuchar la dramática e impactante entrevista que le dio a La W el pasado viernes el todavía magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljud, se observa que acorralado tiene ‘la pretina’ bien puesta para proponer la dimisión colectiva de todos los magistrados de ese órgano judicial que transita por el peor momento de su historia.
Salud Hernández-Mora le pide a Pretelt que no dimita y con sorna le dice que “No, no se vaya, magistrado Pretelt. Si lo hace, sus colegas de las altas cortes se frotarán las manos felices y nada cambiará”. Por su parte María Isabel Rueda opina que la renuncia de Pretelt, la volvieron imposible la propia Corte, el Gobierno, el Congreso y el Fiscal General. La primera -dice- con la petición “quisieron tapar con ellos su propia vergüenza”. El Gobierno porque se pregunta ¿a qué horas dos de sus ministros se sintieron con la atribución de pedirle a un magistrado retirarse de su cargo sin que él haya sido oído ni acusado formalmente”. El congreso “condenó anticipadamente al magistrado, cerrándole la posibilidad de un juicio imparcial ante la Comisión de Acusación” -escribió-. Y el Fiscal porque cometió “la torpeza de meterse con la esposa de Pretelt”.
Ramiro Bejarano Guzmán describe un enrarecido escenario en el alto tribunal de justicia al apreciar que la “Corte Constitucional ha quedado fracturada, sus magistrados en entredicho y además se ha hecho notorio que en los pasillos del Palacio de Justicia no se respira jurisprudencia y ni siquiera decencia, sino tráfico de influencias de los miembros de los carteles de los exmagistrados y los conjueces, que con el mayor desparpajo litigan hablándoles al oído a unos magistrados que permiten todo”.
En la perspectiva de Rodrigo Uprimny, Pretelt tiene el deber de renunciar y en ese propósito escribe que “Una persona que acepta ejercer un alto cargo en el Estado, como ser ministro, congresista, general o magistrado, asume las cargas del cargo. La persona no sólo debe cumplir con los deberes expresos del cargo sino que asume una obligación moral general, que es proteger hasta donde sea razonablemente posible el buen funcionamiento y la integridad y legitimidad de la institución a la cual pertenece”.
Para quien esto escribe ‘el umbral del escándalo’ al deber funcional de renuncia surge inexcusable no solo para Pretelt sino para todos los magistrados de la Corte porque ya se encuentra afectado “gravemente el buen funcionamiento y la integridad global de la institución”. Por favor todos den un paso al lado. Mírese que en la dureza de las apreciaciones María Jimena Dusan puntualiza: “Sin exagerar, el viernes pasado será recordado por ser el día en que la Corte Constitucional, la guardiana de nuestras leyes, se derrumbó como un castillo de naipes. Y remata: “…Cuando los magistrados se comportan como ratas de alcantarilla a este país se lo llevó el que sabemos”.
Otro buen remate: luego de escucharme atento el apretado resumen de una compleja exposición del diseño institucional del proceso que debe afrontar Pretelt ante el Congreso cumpliendo funciones judiciales, Chijo Orozco con amplia sonrisa en su afable rostro me dijo: Hugo sea lo que sea de tu jeringonza jurídica, lo que propone Pretelt, la renuncia de todos los magistrados, es un verdadero ¡Pretelazo! (carcajadas).