La elección del gobernador del Departamento del Cesar, estuvo precedida por las controversias habituales en la actividad política. De diferentes flancos resaltaban sus debilidades en expresión oral y el rol tras bambalinas ejercido por su mamá, la señora Cielo Gnecco. En estos juicios pueblerinos no quiero detenerme, pues lo considero intranscendental comparado con las obras inconclusas del primer gobierno de Luis Alberto Monsalvo, obras que en consideración del actual gobernador fueron desamparadas por su sucesor, Franco Ovalle.
Anoté en el párrafo anterior que es intranscendental detenerme en las debilidades de expresión oral del gobernador Luis Alberto Monsalvo, sin embargo, debo acotar que lo sucedido durante la rueda de prensa, convocada por el Gobierno departamental, reveló profundamente la incapacidad de responder y explicar las indagaciones periodísticas sobre las presuntas irregularidades en los procesos de contratación para las ayudas alimentarias en medio de la pandemia. Los errores cometidos por el mandatario, revelaron sus debilidades de expresión oral, evidencian desconocimiento del contexto legal de la contratación pública y sus herramientas tecnológicas existentes, antes y durante de la declaratoria de la emergencia sanitaria.
Es preciso recordar que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, sin embargo, el incumplimiento de estos mandamientos hacen parte de los principales problemas que tiene el Estado colombiano. El conjunto de obras inconclusas es generalizado en todas las regiones del país, bien podríamos emprender un safari por la geografía nacional con éxito garantizado descubriendo elefantes blancos. Las obras inconclusas son inherentes a prácticas de corrupción y materializan la ansiedad del gobernante por la relación directa que tienen con las costosas campañas electorales.
Como responsable de la Gobernación del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, no supo explicar las presuntas irregularidades en la contratación de las ayudas humanitarias, al contrario, enredado y mal asesorado, relacionó erróneamente la situación con algunos principios de contratación, enviando un mensaje a los organismos de control para que iniciaran formalmente indagaciones preliminares en su contra.
Los dirigentes políticos deben despojarse de sus niveles de superioridad, no se las saben todas, deben escuchar a sus asesores, reconocer sus debilidades y quitarse la corona de cobre que los distingue como reyezuelos. Asimismo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, debe comprender que los contrapesos en la administración pública, están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, la función de vigilancia sobre la gestión pública, realizada por la ciudadanía, los medios de comunicación y el control político ejercido por los diputados Claudia Margarita Zuleta y ‘Quintín’ Quintero y por el congresista Cristian José Moreno Villamizar, obedecen a esos postulados legales, nada tienen que ver con el desgastado argumento de la persecución política.
Según el Censo del 2018 del DANE, en el Cesar, en sus 25 municipios conviven alrededor de 1.098.577 habitantes. De esos, para el 2018 el 42,9 % vivía en la pobreza cifra que perturba en todos los análisis económicos y es desproporcional con los billones de recursos que recibe el departamento. Esta situación es decepcionante, pero robarse la plata de ayudas alimentarias tiene calificativos fuertes que por respeto y decencia son impublicables.
Esperamos que la gestión interinstucional de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría desemboque en investigaciones basadas en derecho, porque la parafernalia solo sirve de impresión mediática, causándole daños irreparables a la credibilidad institucional.