El senador por el partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra del contralor departamental del Cesar, Delwin Jiménez.
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En la misiva de dos páginas dirigida directamente al procurador general, Fernando Carrillo, solicita la apertura de un proceso disciplinario contra Jiménez por “las presuntas faltas disciplinarias en que pudo haber incurrido al afectar sin justificación alguna el deber funcional que le asiste como contralor departamental del Cesar, al inhibirse de obrar conforme le indica en tiempos de urgencia manifiesta el artículo 43 de la Ley 80 de 1993”.
Como segundo motivo, el congresista señala que es necesario abrir el proceso por la presunta omisión al deber del control fiscal preventivo concomitante del que trata el artículo 267 superior reglamentado en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020.
Por último pide que de encontrar probadas las faltas disciplinarias se sancione de manera ejemplarizante al contralor.
“He interpuesto un queja disciplinaria contra el contralor departamental por sus conductas omisivas y por haberse negado de manera deliberada a intervenir en el control fiscal sobre los contratos derivados de la declaratoria de emergencia manifiesta hecha por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Es de conocimiento público la relación de parentesco del señor contralor con el actual gobernador, cosa que lo inhabilita ética y moralmente para ocupar el cargo”, señaló el senador Antonio Sanguino.
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“ESTAMOS TRABAJANDO”
Por su lado, el contralor del Cesar se defendió señalando que trabajan en investigaciones pero respetando el debido proceso. “Alguien hablaba del silencio del contralor departamental. Estamos hablando de unos escenarios que obedecen a unas investigaciones fiscales y frente a ese escenario la Ley 610 (del 2000) establece que hay una reserva legal en estas indagaciones preliminares. Nosotros en esta etapa procesal no podemos suministrar información, no podemos expedir copias salvo que una autoridad competente lo solicite. Eso se llama la defensa del debido proceso y la presunción de inocencia”, relató en una entrevista a una emisora el contralor.
En ese sentido, agregó, que en la entidad ya abrieron investigaciones sobre casi diez entidades. “En la Contraloría no hemos dejado de trabajar. Se me es prohibido hablar del interior de los procesos. Nosotros tenemos en investigación por presuntos sobrecostos a la Gobernación del Cesar, a municipios como La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Pelaya y hospitales como el de San Diego, pero no puedo ir más allá de lo que he manifestado porque estaría violando la reserva legal”, se defendió Jiménez.
Cabe señalar que el contralor ha sido cuestionado desde antes de su elección por estar casado con una prima hermana del gobernador, según lo dieron a conocer diputados.
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“CONTROL SOBRE TODA LA CONTRATACIÓN”
De igual manera, el senador Antonio Sanguino señaló que se presentará una proposición ante el Congreso de la República para que la contratación de la Gobernación del Cesar pase a control preferente de la Contraloría General de la República, que hasta el momento solo estaría actuando respecto a tres contratos de los 41 celebrados en época de emergencia.
“Vamos a solicitar que la Contraloría General aplique el control fiscal preventivo y concomitante, no solo sobre la contratación alimentaria, sino sobre toda la contratación de la Gobernación y sus respectivos municipios”, dijo Sanguino.
INVESTIGACIONES Y SUSPENSIÓN
Cabe recordar que toda la polémica surgió luego que la Procuraduría General de la Nación anunciara la apertura de una investigación preliminar contra el gobernador del Cesar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Hernández, para suscribir alrededor de 37 contratos por más de $14.065 millones.
Luego, la misma entidad le solicitó a Monsalvo Gnecco suspender el proceso de liquidación de esos contratos y dos adiciones firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria originada por la covid-19, hasta contar con las evidencias sobre la correcta ejecución de los $14.065 millones invertidos.
En comunicación al mandatario, el órgano de control precisó que en una visita realizada el 22 de abril, investigadores de la Regional Cesar evidenciaron que las sedes de las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de $2.600 millones de pesos, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia, situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos.
Por: Deivis Caro
defancaro1392@gmail.com