Afirmábamos ayer que crece la confusión y el inconformismo sobre el tema del futuro de las regalías del carbón que recibe el departamento del Cesar y los municipios productores de este mineral, debido a los mensajes diversos del gobierno sobre el tema.
Pero, sobre lo que si hay claridad es que el fondo del problema es el déficit fiscal y la necesidad que tiene Colombia de volver a tener el grado de inversión para tener acceso a crédito más abundante y barato que el actual, debido a que la comunidad financiera internacional ya se cansó de ser benevolente con nuestro país, frente a un déficit fiscal apreciable y sostenido.
En efecto, es imperativo para el nuevo gobierno bajar el déficit fiscal de 4,4 por ciento del PIB en 2010 a 3,9 por ciento en 2011. Pero a su vez, el gobierno tiene nuevos frentes de gasto, como son la creación de los nuevos Ministerios de Trabajo, Salud, Vivienda, Justicia, etc, y además el gasto público que implica las cinco locomotoras que se quieren impulsar para lograr tasas de crecimiento económico del 6 por ciento del PIB, con el fin de aumentar la generación de empleo y reducir la pobreza y la indigencia.
En esas condiciones, de déficit, presión de nuevos gastos, en una administración que se inicia, y la promesa de no aumentar los impuestos, pues la fórmula más cercana es echarle mano a las regalías del petróleo y del carbón. Por supuesto, las primeras son varias veces superiores a las segundas.
Adicionalmente, insistimos, si se puede hablar de bonanza en el sector minero del país, y así lo confirman los estudios y las cifras de los centros de análisis económico más importante del país: la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Fundación para el Desarrollo de la Educación Superior (Fedesarrollo).
Para la muestra un botón, Anif en una de sus publicaciones semanales estima que las regalías por petróleo y carbón que en 2009 ascendieron a 3,7 billones, van a crecer en los próximos años y en 2014 podría ascender a unos 12 billones de pesos, equivalentes a 1,6 por ciento del PIB.
En ese orden de ideas, insistimos, estamos frente a una “bonanza” y el equipo económico del gobierno considera esta una buena oportunidad para sanear las finanzas públicas, prepagar deuda, constituir un nuevo fondo de regalías y un fondo de compensación inter-regional, invertir plata de las regalías en ciencia y tecnología, en lugar de dejar estos recursos en manos de los departamentos y municipios productores, como sucedería a la luz de la actual legislación sobre el tema.
Y esa posición no es un delito. No es un pecado, ni más faltaba; es una decisión de política económica, que plantea un gobierno nuevo, con un gran poder y una altísima gobernabilidad, ante la cual es poco lo que pueden hacer los gobernadores y congresistas de los departamentos afectados. Pero la pelea hay que darla…
Y en aras de contribuir a la sana discusión queremos plantear algunas reflexiones:
Primero, ¿cuál es el escenario que se proyecta para las miles de familias pobres, indigentes y desempleadas de las zonas productoras de petróleo y carbón; cuya situación, en el caso del Cesar, es inferior en calidad de vida al promedio de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, por ejemplo.
Segundo, ¿cuál es la compensación a las regiones productoras por el daño fiscal, inconmensurable, el hueco, el daño en los suelos, el aire y el agua de estas zonas?.
Tercero, si el problema es por el tema fiscal, nos preguntamos a cuánto ascienden las exenciones de las cuales hoy gozan las multinacionales del petróleo y del carbón en Colombia. Sería bueno que el país conociera cuál es la tributación de estas empresas y cuál su rentabilidad, con los promisorios precios del petróleo y el carbón actuales y con perspectivas de seguir aumentando.
Y finalmente, por lo menos en el caso del carbón, no será hora de revisar los contratos de explotación y evaluar si el Estado, en su conjunto, está recibiendo lo que debería recibir, en comparación con otros países que cuentan con recursos similares. Estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de un negocio lucrativo, muy rentable, y lo que consideramos es que no hay derecho a que sean las gentes de los municipios y departamentos productores los que tenga que pagar, de buenas a primera, los costos de este ajuste fiscal que quiere hacer el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
Estas son sólo algunas reflexiones para el debate, pero, insistimos, dentro de la institucionalidad, dentro de la legalidad, dentro del Estado de Derecho que nos rige, regiones como el Cesar y la Guajira están en todo el derecho de luchar por lo que consideramos nos pertenece, en buena parte. Ahora, sin desconocer que una parte de esos ingresos del estado (las regalías) se puedan utilizar en pagar la deuda social que también tiene el Estado con otras regiones del país, por lo menos aquellas más pobres que la nuestra. Por supuesto, el debate sigue y al mismo estaremos muy atentos.