Aunque no es una información nueva e inédita, conocer de parte de un organismo oficial la situación de violencia, en la que estamos inmersos todos en Valledupar y el Cesar, de verdad que nos genera mucha alarma e intranquilidad.
Nos referimos al oficio de advertencia que la Defensoría del Pueblo les emitió a todas las autoridades de Valledupar, el departamento del Cesar y del orden nacional sobre la “persistencia de acciones de exterminio social, expresadas fundamentalmente en la materialización de homicidios selectivos, y el fortalecimiento del entramado criminal asociado con el cobro de exacciones económicas, hechos detrás de los cuales estarían las AGC – Clan del Golfo y Bandas delincuenciales tercerizadas”.
Preocupa porque ya no se trata de simples rumores o especulaciones, ahora estamos ante hechos oficialmente reconocidos por un ente como la Defensoría del Pueblo que, dicho sea de paso, ha sido el único organismo del Estado que por el momento se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato.
Lo que describe la Defensoría del Pueblo es un panorama muy crítico y por eso hace un llamado de atención urgente a todos los organismos del Estado para que se tomen medidas frente a “la consumación de una ya muy larga cadena de homicidios, algunos de ellos selectivos claramente inscritos en una matriz de exterminio social dirigida contra personas estigmatizadas socialmente, así como en el notorio incremento del cobro de exacciones económicas, hechos que bien podrían ser responsabilidad, directa o indirectamente, del contexto de riesgo derivado del proceso de establecimiento y consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, a través del Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca”.
No es la primera alerta que hace la Defensoría del Pueblo, recientemente ya había advertido “riesgos sobre la población civil dada la gravedad de los hechos que se han venido presentando en la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de corregimientos de Pueblo Bello, Valledupar y El Copey, debido a la presencia y accionar, cada vez más reiterada, de una estructura de las AGC”.
Además de hacer un recuento cruel sobre hechos violentos del 2022, la Defensoría del Pueblo reseña situaciones graves recientes, de este mes de junio, en los corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola, Villa Germania, Caracolí, Guaimaral, Los Venados, El Perro, La Mesa, Azúcarbuena, así como en algunos barrios de las comunas 1, 3, 4 y 5 de Valledupar.
En ese oficio se habla de exterminio social, homicidios selectivos que ya tienen visos de ser sistemáticos, “dispositivos de coacción urbanos y rurales del Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC, como de varias bandas delincuenciales que, bajo distintas modalidades de tercerización, han sido subordinadas a sus pretensiones de consolidación y expansión”.
Coincidimos con la Defensoría del Pueblo en que es muy lamentable que el exterminio social, “vergonzosamente esté siendo normalizado y naturalizado” bajo el falso pretexto de “imponer el orden”, función que solo le compete al Estado.
En resumen, es espeluznante la radiografía de violencia que hace la Defensoría del Pueblo, ante lo cual solo resta pedirles a los organismos del Estado que cumplan su función de garantizar la vida y la tranquilidad ciudadana.