La formulación de acusación sobre los hechos que involucran al exalcalde de Codazzi, Luis Vladimir ‘Luchito’ Peñaloza, en un nuevo posible entramado de corrupción por un contrato de educación fue postergada la mañana del martes tras un recurso de nulidad que presentó la defensa del exmandatario.
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El abogado William Francisco García Luque adujo ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar que debía eliminarse lo hasta ahora actuado en el proceso porque tenía pendiente una apelación que interpuso en las audiencias preliminares.
Se trata de un recurso en el que argumentó que la juez de control de garantías de Valledupar que, el pasado mes de julio, avaló la legalización de captura y dio trámite a la imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento no era la idónea para dichos trámites.
“Ella no era competente para convalidar el procedimiento y por tanto debía remitir al homólogo de Codazzi, por cuanto fue aquel municipio donde según la misma Fiscalía sucedieron los hechos y además se materializó la captura de tres de las personas que comparecen ahora como acusadas”, dijo García Luque.
Al respecto, la juez primera del circuito, Rosario Villalobos, despachó desfavorablemente el recurso de nulidad, pero la defensa apeló.
Razón a ello, la audiencia de formulación de acusación no podrá realizarse hasta tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar resuelva el recurso interpuesto.
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EL PROCESO
‘Luchito’ Peñaloza será acusado en este proceso por presuntas irregularidades que se originaron en un contrato destinado a la obtención de herramientas pedagógicas para la población infantil de los colegios de Agustín Codazzi.
Junto a él son procesados la exsecretaria jurídica, Yusselfy Araujo Morales; el exsecretario privado, Gerardo de Jesús Hoyos Ortiz; y el representante legal de la corporación de Pequeñas Industrias Populares ‘El Bosque’, Coinpoquer, Rafael Augusto García Guzmán.
El convenio cuestionado es el de cooperación N° 030 que suscribió la Alcaldía con Coinpoquer el 8 de agosto de 2016, que buscaba mejorar las habilidades cognitivas en los niños.
Durante su ejecución, supuestamente, adquirieron unos 36 juguetes denominado Wala Wala Pequeño Explorador, en el cual habrían manipulado su valor unitario para generar un detrimento patrimonial.