El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos, presentado a consideración del Congreso, es un ejercicio serio que está orientado a “construir un nuevo país” basado en la competitividad e infraestructura, movilidad social, transformación del campo, seguridad y justicia para buscar el fortalecimiento institucional en las regiones y la articulación de las entidades competentes que permitan asegurar los derechos de los colombianos.
La nueva hoja de ruta, con un costo de 703 billones de pesos, es un reto muy grande para el bloque costeño en el Congreso que debe tener la mirada puesta en conseguir una Región Caribe próspera y sin pobreza extrema, conservando siempre el medio ambiente. El nuevo PND reconoce tres Colombia dentro de un mismo territorio: una que es pujante, moderna y globalizada; otra que está progresando y necesita acompañamiento porque es vulnerable, y una tercera que está atrasada y observa angustiada como se aumentan las brechas con las otras dos. Es una interpretación lógica que tan diferentes realidades no pueden tener las mismas recetas.
La hoja de ruta es una gran oportunidad para conseguir un desarrollo más armónico en beneficio de los compatriotas que hoy están relegados a su suerte. Es doloroso que los técnicos de Planeación Nacional tuvieran que ajustar los cálculos a un escenario realista y de mayor estrechez por la caída en los precios del petróleo. El recorte presupuestal de 25 billones de pesos está mostrando que es mejor eso que comprometerse con lo irrealizable.
Nuestra economía muestra un crecimiento aceptable y una mejora importante en los indicadores sociales que piden a gritos que el PND no puede, de ninguna manera, convertirse en letra muerta. Los congresistas están comprometidos en estudiarlo, debatirlo con seriedad y cuestionarlo como un buen comienzo para construir un nuevo país. El Plan de Desarrollo debe representar el sentido nacional para articular los municipios y departamentos de manera honesta y ajustada a los escenarios macroeconómicos del país, sin llegar a convertirse en un compendio de buenas intenciones, pero cumpliendo siempre con el propósito central del plan: el goce efectivo de los derechos de todos los ciudadanos.
En Colombia, “más importante que el consenso, es tener la posibilidad de discutir sin matarnos”. La gran mayoría pensamos que el conflicto armado ha sido inútil. Hoy, el derecho no puede ser un obstáculo para la paz, y ninguna institución jurídica puede ser una camisa de fuerza para impedir que vivamos en paz. El mayor reto es encontrar fórmulas jurídicas que concilien el derecho internacional con los intereses del país. La justicia transicional es una forma de castigo y esa figura no supone impunidad. ¡Nadie que esté en sus cabales desea un nuevo ciclo de violencia, estamos en la obligación moral de impedir su prolongación!