“Un sancocho de anzuelo”. De esa forma resumió un jurista el caso disciplinario de los 16 concejales de Valledupar que fueron destituidos e inhabilitados en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos durante 12 años.
Los cabildantes fueron sancionados disciplinariamente por elegir a Omar Contreras como contralor de Valledupar a pesar que Contreras, presuntamente, se encontraba inhabilitado para ejercer el puesto, por haber sido un año antes Defensor del Pueblo en el Cesar. En su momento, incluso se habló de quiénes serían los 16 nuevos concejales que entrarían, sin embargo, no hubo cambios y los concejales siguieron sesionando.
¿Por qué? Una vez conocida la decisión, los corporados iniciaron procesos a través de sus apoderados. Una vez tomada la decisión de inhabilitarlos, recusaron pidiendo aclaraciones sobre el fallo.
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“Se interpone un mecanismo para pedir aclaración del fallo, porque se encuentra que hay contradicción entre la parte emotiva y resolutiva. En la parte emotiva es donde ellos argumentan por qué sancionan a los concejales y la parte resolutiva es cuando los sancionan”, señala Carlos Gómez, representante de seis concejales.
En otras palabras, bajo la consideración del jurista, se pidió explicaciones sobre por qué aplicaron una sanción de inhabilidad y destitución, si los argumentos que presentaron daban para una suspensión.
RECUSACIONES
En ese momento, además, algunos concejales reclamaron que la segunda instancia de la Procuraduría General no podía conocer el proceso que llevaban en contra de los cabildantes por la elección de Omar Contreras Socarrás como contralor, porque en el proceso de la elección de Álvaro Castilla Fragoso, la segunda instancia los había absuelto, y ambos casos tenían similitudes.
Luego, los apoderados recusaron a la jueza de segunda instancia de la Procuraduría porque además había ordenado que se investigara a un abogado de los concejales. Eso bajo el concepto que si un juez compulsaba copias contra un abogado, no podía seguir conociendo el proceso “porque se generaba un impedimento”.
Esa recusación fue negada por la jueza, y además, señaló la fuente, no trasladó la diligencia a un superior, ni se declaró impedida. Entonces, una vez se presenta la recusación se suspende la ejecutoria del fallo donde se destituye e inhabilita a los cabildantes, y por eso los concejales siguen sesionando, incluso, agrega su representante, tienen altas posibilidades de ser absueltos de la sanción disciplinaria apoyados en una solicitud que hicieron para pedir la terminación del proceso.
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EL ARTÍCULITO QUE LOS SALVARÍA
Esa solicitud señala que con la reforma introducida por el Acto Legislativo No 4 de 2019 al artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, se señala que “no podrá ser elegido (contralor) quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”.
Así, con el agregado de “rama ejecutiva” de orden departamental, distrital o municipal, agrega el documento, no se incluye a los del orden nacional “ni los órganos autónomos de control como la Defensoría del Pueblo adscrita al Ministerio Público”. En ese caso, Omar Contreras era Defensor del Pueblo en el Cesar antes de aspirar al cargo de contralor.
Bajo ese concepto, los cabildantes señalan que no hubo falta o irregularidad en la elección, por lo tanto, siguiendo la ley, eso dejaría sin soporte la sanción disciplinaria que les fue impuesta. En menos de dos meses se sabrá si los concejales tienen la razón o siguen bajo la inhabilidad de poder ocupar cargos públicos por los próximos 12 años.
POR: DEIVIS CARO/ EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com