El 14/06/2020, El Espectador publicó una larga lista de 442 líderes sociales asesinados desde el 26/09/16, fecha en la cual se firmó el acuerdo con las FARC, hasta marzo del 2020. Están en consolidación los meses de abril y mayo, según la fuente “Somos Defensores”.
De todos estos asesinatos 216 se produjeron durante el gobierno de Santos y 226 en lo corrido del gobierno vigente. La mayoría de las víctimas eran líderes comunales, sindicales, indígenas, ambientalistas, campesinos, maestros, reclamadores de tierras o de otras organizaciones reivindicativas, todas de muy poca representación socio-económica vinculadas a la ruralidad del país.
Muchas de estas víctimas parecen sistemáticas, formas simples de acallar ciertas protestas y reclamaciones. Pero si contamos desde 1960 hasta 2020, las cifras son de 148 masacres con 2.714 muertos, 23 % de las cuales se produjeron en los años de la Seguridad Democrática. El 58.6 % de estas se le atribuye a las AUC, el 21.4 % a las FARC, el 1.4 % al ELN, el 7.9 % al Estado y el 10.7 % restante a otros grupos sin identificar. Es de resaltar que en San Carlos, Antioquia, cuna de las AUC, en ese periodo hubo 33 masacres de las cuales 26 se le atribuyen a las AUC, 4 a las FARC y el resto a otros grupos. De los 25 mil habitantes del municipio en esa época, 18 mil tuvieron que emigrar, una verdadera tragedia.
El promedio de esos 60 años de guerra es de 0.4 masacres/año. Además, desde 1990 Colombia registra 11.872 víctimas por minas antipersonas de las cuales 1.228 (18.3 %) ocurrieron en 2006. Según la ONU, desde 1990 hasta 2020, más de cuatro millones de personas fueron desplazadas. Por su parte, el Centro de Memoria Histórica registra 80.582 desaparecidos entre 1958 y 2020, que se supone están muertos. Ese es el precio de una guerra inconclusa.
Pero cuando analizamos el presente, entre enero y agosto del presente año (8 meses), han ocurrido 50 masacres con 200 víctimas (Indepaz), por lo que se espera una media de 75/año para el 2020. Desde la medida de aseguramiento domiciliario al senador Uribe, se han registrado 12 masacres con 56 muertos, incluidos niños y jóvenes. Quizás esta cifra se corresponda con la amenaza de la vice presidenta Martha Ramírez quien trinó que “con esta medida se produciría un bogotazo” que, en este caso ha ocurrido en el sector rural; en similares términos se pronunció una polémica periodista muy cercana al CD. ¿Qué pretenden los autores de estos crímenes? ¿Intimidar?
El gobierno siempre ha querido banalizar estos hechos atribuyéndolos a los reinsertados de las FARC, a los grupos que manejan el narcotráfico y hasta a problemas de falda. El perfil de los muertos, por lo general, está por la naturaleza y por la vida y por lo tanto defienden la no aplicación de glifosato que también le interesa a los grupos narcos; entonces, ¿porque estos podrían estar interesados en matarlos si esto también los afecta? Si se trata de reclamadores de tierras tampoco creo que sean ellos los autores; el narcotráfico es tan buen negocio que no veo muy halagüeño para ellos convertirse en señores feudales. ¿A quién interesan estas muertes?