La gente está invadiendo las tierras rurales porque: no tiene tierra (aunque antes tampoco la tenía con la diferencia que hoy el campo se está despoblando); porque aprovecha la debilidad institucional (aunque antes, también, la debilidad institucional era evidente); porque el índice de informalidad de la tierra está en el 52.7% y hay 2 millones 365 mil predios informales, pero la informalidad predial ha estado desde hace años en números parecidos.
Las invasiones quizás se deban, en parte, a que el mensaje de la reforma agraria lo ha entendido mal el país, o mejor, algunos sectores la están interpretando a su manera; o aún peor, el mensaje del gobierno ha sido difuso y a veces, contradictorio lo que está generando tensiones, confusión y enfrentamientos. O si se quiere, las invasiones tienen un antecedente: la campaña presidencial y lo que la gente entendió que dijo Petro sobre democratizar la tierra.
Antes había invasiones pero ahora hay más, más seguidas y orgánicas. Hay un tierrero; una bola de nieve que puede crecer por las expectativas de una reforma agraria cifrada en buena parte en el acceso a la tierra a través del otorgamiento de la propiedad y no de otros instrumentos como el arrendamiento, el derecho real de superficie, el contrato de uso o el usufructo; y, seguramente, las invasiones no se han dado por generación espontánea sino que quizás hay detrás, una organización o una motivación política con olor electoral. O una estrategia para controlar no sólo la tierra, sino el territorio y eso es distinto y peligroso.
Todo esto ha tomado mal parado al gobierno y apenas hasta antier, una declaración inequívoca de la vicepresidenta y los ministros de agricultura, defensa e interior dio un plazo de 48 horas para desalojar las tierras invadidas. Vamos a ver qué pasa una vez culmine el plazo. Pero el Gobierno debe, en este caso, transmitir claridad y preservar la propiedad privada – es su deber constitucional- en un escenario de diálogo condicionado.
Petro tendrá que ajustarse el cinturón, modificar la correlación de fuerzas para que predomine la institucionalidad y también deber dar claridad técnica, jurídica y financiera de lo que debemos entender por reforma agraria, es decir, detallarla, concretarla y también sincerarla para que sea creíble y viable. Me imagino que el equipo de la ministra debe estar en ello.
La invasión de tierras no puede convertirse en un negocio, ni de ella pescar la gente como en río revuelto, ni volverse -la tierra- un conflicto porque una de las trampas de la pobreza, se lee en “El club de la miseria”, es la trampa del conflicto.
Por ahora, estamos en el juego de la pirinola en el que señala todos pierden: la institucionalidad rural, el invasor, el tenedor, la seguridad jurídica, el orden legal y la armonía social. Con un agravante, si las invasiones no se detienen, no se sabe en que pueda parar todo esto, o sí se sabe, en nuevas violencias.