El último mes se ha registrado una lucha política por el control de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, entre fuerzas del Gobierno nacional y clanes locales. En juego está el manejo de la autoridad ambiental y un millonario presupuesto. Por un lado, Presidencia y por el otro Kaleb Villalobos y los Gnecco, quienes han gobernado por casi 15 años, quieren poner director para el periodo 2024-2027, en reemplazo de Jorge Fernández.
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Según los estados financieros, Corpocesar registró ingresos por $60.824 millones durante el 2022. Eso representa la mitad de los ingresos corrientes de libre destinación de Valledupar durante un año. (Ver estados financieros).
Tal como lo dice su nombre, Corpocesar es una entidad autónoma, es decir, el director funge como ejecutor de recursos con el apoyo del Consejo Directivo. Autonomía, entre otras cosas, para celebrar casi 300 contratos de prestación de servicios durante un año. Sin olvidar los convenios, como el que se realiza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y que incluye recursos y burocracia.
Al igual que la Gobernación, Corpocesar tiene influencia en los 25 municipios con el cobro de gravámenes ambientales, protección de bosques y ríos, entre otros.
AUTORIDAD Y SANCIÓN
Pero no solo es la contratación. También la autoridad para detener o aprobar el avance de cualquier proyecto. Y es que Corpocesar es la encargada de entregar las licencias ambientales. “Tener influencia en la corporación permite obtener los permisos y ahorrar mucho dinero y tiempo. Sobre todo tiempo”, comentó un contratista bajo reserva.
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La corporación también tiene poder sancionatorio si las obras no cumplen con los requerimientos ambientales. No obstante, el tema más sensible es la minería ilegal o explotación de recursos públicos.
Como en toda Colombia, en el departamento la minería ilegal ha crecido en algunos territorios rurales, en casos, avalada por grandes empresarios y grupos criminales. “En un momento, la Corporación trabajaba de la mano del Ejército para frenar las explotaciones ilegales. La minería mueve demasiado dinero, contrario al tráfico de fauna, que se relaciona con lugares pobres”, comentó un exfuncionario de la entidad.
LUCHA DE PODER
El pasado martes 7 de noviembre, la Secretaría General de Corpocesar trasladó a la Procuraduría General de la Nación las recusaciones interpuestas contra diferentes miembros del Consejo Directivo de la entidad. La entidad ordenó suspender el proceso.
El Consejo Directivo está conformado por 13 miembros: 4 alcaldes; 2 representantes de los gremios empresariales; 2 representantes de las ONG; un representante de la comunidad indígena, uno de las negritudes, un delegado del presidente Gustavo Petro, un delegado del Ministerio de Ambiente y el gobernador.
Dentro de la política del Gobierno nacional de tomar el control de las corporaciones, los representantes del Ministerio de Ambiente, Presidencia, las ONG, comunidades indígenas, negras y el alcalde de Tamalameque, Luis Lascarro, se unieron y formaron una mayoría de 7, suficiente para elegir al director sin la venia de Kaleb Villalobos y la familia Gnecco.
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Sin embargo, esa mayoría no ha podido elegir director por las decisiones judiciales, en primer lugar, y ahora por la intervención de la Procuraduría General ante la falta de quórum. El afán de ese sector mayoritario alineado a Presidencia es que el 31 de diciembre cambian los alcaldes, y por lo tanto algunos miembros del Consejo Directivo. Y los 25 nuevos mandatarios se mueven bajo las órdenes de los Gnecco.