El Consejo Superior Universitario es el estamento institucional más importante de la UPC. Tiene entre sus funciones definir las políticas académico-administrativas, aprobar el presupuesto de la Institución, velar por la marcha de los procesos necesarios para la acreditación, establecer los valores monetarios que por derechos académicos se pueden exigir y elegir al rector.
Esta corporación está compuesta por nueve miembros que representan diferentes sectores públicos, académicos y privados. Actualmente cuenta con cinco miembros en ejercicio: un representante de los ex rectores (Carlos Morón Cuello), uno del Ministerio de Educación (Diana Marcela Durán), uno del presidente (Jackeline González Padilla), uno del gobernador (Pámela García Mendoza) y uno de los gremios económicos (Joaquín Manjarrez Murgas). En los próximos meses corresponde realizar las elecciones para suplir los otros cuatro cargos que, por culminación de periodos, están vacantes: representantes de los estudiantes, egresados, docentes y directivas académicas.
En efecto, el Consejo Superior Universitario en estos momentos se encuentra trabajando con un poco más de la mitad de sus miembros, dejando por fuera de las decisiones importantes que debe tomar a los estudiantes y a los profesores. Esta situación no solo afecta el funcionamiento estamental de la UPC, sino también su democracia interna y sus deliberaciones institucionales.
El Consejo Superior no solo nombra al rector, sino que también lo vigila y lo controla, pues le autoriza la celebración de contratos o convenios y evalúa los informes que debe rendir sobre las labores. Por eso son tan importantes las próximas elecciones.
Además, también se debe elegir o confirmar rector en propiedad resuelto el litigio legal que está pendiente. En ese escenario juegan un papel clave las fuerzas que componen el Consejo, que por lo general históricamente se dividen en tres: los amigos del Gobierno nacional, el gobernador y los estamentos internos de la universidad. Unas veces se alían pero es frecuente la lucha de intereses con malas consecuencias.
Más grave aún, la UPC termina siendo un centro de poder administrativo y no un faro académico, ético, un foro abierto y alto investigador de los grandes temas. Es lo que se desprende de la entrevista con el profesor Simón Martínez publicada recientemente por nosotros: “la universidad está politizada en el peor sentido de la palabra pues el manejo sectario que se le viene dando pone al margen lo académico para dar prioridad al favoritismo partidista, al tráfico de influencias y al clientelismo.
Perdiendo de vista de que la Universidad es la gran empresa del conocimiento y la empresa cultural más importante de la sociedad, a la cual hay que tratar con respeto por parte de los sectores externos que desconocen su razón de ser. La Universidad está infectada y contaminada por la mala política…”
Llamamos a los grupos, a esas mencionadas fuerzas, a que se realice un pacto para que la UPC no sea el peor campo del juego del poder político; que sea digno emblema cultural. Que se le deje ser lo que debe ser.