Un Concurso Público Internacional que bordea inversiones por el orden de los 2.3 billones de pesos, colgado en el Secop, irrumpe como solución para garantizar el suministro de agua potable en La Guajira, a través de una conducción desde el embalse El Cercado del Río Ranchería hasta la parte media y alta de la península, poblaciones flageladas por la sed, problemas de desnutrición y afecciones gastrointestinales que provocan mortalidad infantil, por efectos de la mala calidad del líquido que los wayuu recogen en jagüeyes, calamidad que es milenaria.
Colombia no ha visto un proyecto de esta magnitud, a juzgar de la millonaria cifra que debe blindarse contra la corrupción, para no repetir el reciente escándalo de los carrotanques, saqueo direccionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entidad que ha sido la comidilla en los últimos ocho años.
El megaproyecto de agua potable diseñado para la península conlleva plantas de desalinización, con cuenta regresiva para su adjudicación este 30 de julio, según anuncio oficial de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano.
Dicho concurso público internacional arrojará como resultado la estructuración técnica, económica, legal, financiera, ambiental, predial y social, fase preliminar de una gestión macro que beneficiará a un millón de habitantes de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure, aunque no faltan los tecnócratas que ya formulan reparos para entorpecer la obra, porque ni rajan, ni prestan el hacha, ni hacen, ni dejan hacer.
Lo que ha sido un fracaso acumulado de varios gobiernos por falta de voluntad política durante 14 años para terminar la represa del río Ranchería, obra paralizada en 2010, también le abre horizontes de vida con el suministro de agua potable a San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Distracción y Albania, demora que dio pie al entramado de corrupción de los carrotanques, justo cuando se visionaba un esquema orientado a paliar de inmediato la calamidad de los wayuu por carencia de agua potable en las rancherías.
Se colige, entonces, que el gobierno nacional le dará prioridad al agua potable en La Guajira, aprovechando la represa y el embalse, sin descartar los componentes multipropósitos que también apuntan al distrito de riego, adecuación de tierras para ampliar la frontera agrícola y la generación de energía eléctrica.
Alrededor del tubo de los 2 billones de pesos, como se conoce la solución de fondo en materia de agua potable para la desértica La Guajira, giran peroratas de quienes critican hasta por lo que no dice el presidente Petro, que los wayuu están dispersos, pretendiendo un reservorio para cada ranchería, dizque el agua se evaporaría en la conducción por el largo trayecto, que las mafias de los carrotanques se roban el agua, conforme las chuzadas y perforación del tubo a lado y lado de fincas aledañas para extraer el líquido, terminarían por arruinar la obra, argumentos pusilánimes que riñen con la experticia de estudios sopesados y con el rigor técnico.
Ceará, al noreste de Brasil, con capital Fortaleza, dispone de sistemas de conducción superior a los 1.500 kilómetros, un Estado privilegiado con canales de irrigación, obras que iniciaron en 1994 y se consolidaron en más de 156 grandes reservorios, donde solo uno de ellos es 18 veces más grande que la ciénaga de Zapatosa, pero igual un promedio de 100 mil reservorios de menor capacidad, modelo que se piensa implementar en el Cesar, y por qué no en La Guajira como prioridad para solucionar la carencia de agua potable, con un tubo de mucho menor kilometraje en comparación al gigante de Suramérica.
Unos y otros criterios retratan dos clases de sociedades, una que hace, y otra que no deja hacer, y en el entretanto, los wayuu engrosando la procesión de los infelices, que parte de la miseria y llega a la muerte, signados por la charlatanería, terreno en el que nadie nos gana, pero cobra vigencia y se empodera la reflexión relativa a la crítica, que puede ser severa, pero no intransigente, porque revela incapacidad y no sugiere soluciones. No en vano Colombia se rige por más de 6 millones de leyes, porque cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes, lo que contrasta con países como Suecia, que con 4 leyes gobierna bien y sin corrupción.
Por: Miguel Aroca Yepes.