A través del oficio 2019, con fecha 29 de diciembre de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal para la Adolescencia con funciones de control de garantías informó que el Alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, será sancionado por desacato a fallo de tutela fechado 12 de junio de 2014.
El desacato implica que el mandatario local deberá pagar seis días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada uno por incumplir una tutela impetrada por la comunidad de las carreras 11, 11A y 12 entre calle 7, 8 y 9, que exigía a la Alcaldía tomar medidas contra Ibiza restaurante-bar y la Fuente Luminosa, en donde el alto volumen de los equipos de sonidos puestos en los lugares antes mencionados impiden la tranquilidad de la zona.
En la petición realizada ante la Secretaría de Gobierno Municipal, los habitantes exponían que a la contaminación auditiva se suma el parqueo de carros en la fuente y espacios alrededor que son utilizados para competencias de Audio-cars, venta de sustancias psicoactivas, comidas antihigiénicas, se fomenta a la prostitución en menores, taponamiento de las casas con vehículos y utilizan las residencias como sanitarios públicos.
Así mismo, el Juzgado Tercero Penal ordena al Departamento de la Policía de la ciudad hacer efectivo el arresto, disponiendo el sitio adecuado para el cumplimiento del mismo.
La sanción se debe, según el Juzgado, al incumplimiento de lo dispuesto en el auto de fecha 26 de diciembre de 2014.
La historia
El 16 de septiembre de 2013, la comunidad ubicada sobre los barrio San Carlos y Novalito elevaron una petición ante la Secretaría de Gobierno Municipal de Valledupar, solicitando que se tomaran medidas para la grave situación de contaminación auditiva que se presentaba entre la carreras 9 y 11 con calles 7, 8 y 9, en donde toda la noche se genera grandes ruidos que afectan el diario vivir.
Además, las personas manifestaron que los clientes del establecimiento comercial que funciona como restaurante bar y la Fuente Luminosa, utilizan los frentes de las casas como baños públicos y parqueaderos.
Tres días después, la entonces secretaria de Gobierno, Paola Fragozo Pinto informó que a raíz de la petición se requirió inspección en el establecimiento, pero tiempo después no se tomaron medidas al respecto.
Sin embargo, el del A quo tuvo en cuenta los documentos aportados como pruebas y el 21 de abril de 2014, al dictar el fallo, decidió negar las pretensiones de los accionantes, aquellos que iban dirigidos a que la Administración Municipal garantizara la tranquilidad de los habitantes a través de correctivos del caso y que el establecimiento comercial cumpliera la ley. Igual control pidieron los accionantes a las entidades como Corpocesar, Alcaldía, Planeación e inspección de Policía.
Ante la respuesta del A quo, el fallo fue impugnado, argumentando que éste no examinó los argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de la Administración Municipal, ante quien acudió en reiteradas oportunidades.
Después de dichos argumentos se revocó el fallo impugnado y se ordenó al Alcalde, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo hacer seguimiento de la actuación administrativa y que se conminara a las autoridades a realizar los correspondientes controles y adoptar las medidas pertinentes de acuerdo con la ley, con el fin de garantizar la protección del espacio y el orden público de los habitantes.
Además se le ordenó al propietario del restaurante Ibiza, Jorge Iván Aponte Contreras, controlar el sonido de los altoparlantes. Y en caso que se sobrepasen los decibeles, en el día como en la noche, se le impusieran multas por parte de las autoridades.
De igual forma, se informó a la Personería Municipal y a la Defensoría del Pueblo Seccional Cesar, vigilar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.
Impugnará la medida
El alcalde Fredys Socarrás Reales manifestó a EL PILÓN que respeta la decisión del Juez.
“Nos queda una vía de impugnación, la cual vamos a utilizar. Sin embargo, las instrucciones que se les han dado al secretario de Gobierno, Carlos Mario Céspedes, es que haga posible la aplicabilidad de la norma para controlar el sonido de música que se incrementa por falta de control en dichas zonas y se debe hacer intervención de una manera contundente ese tipo de establecimientos”.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
merlin.duarte@elpilon.com.co