“Valledupar está en la oscuridad”. Esta frase corresponde a la queja de los residentes de las diferentes comunas de la ciudad, en las principales avenidas, parques y demás puntos donde la oscuridad reina.
Pese a que la administración municipal firmó, desde el pasado 8 de agosto, un convenio interadministrativo con la empresa operadora del servicio de energía Afinia para atender el mantenimiento de alumbrado público en sectores que están a oscuras o con luminarias en mal estado, hasta la fecha, la comunidad niega avances en la solución del problema.
De acuerdo con el inconformismo de los vallenatos, la falta de alumbrado público constituye un factor de riesgo para aquellas personas que en horas de la noche terminan su jornada laboral, académica o cualquier otro tipo de actividad, puesto que, se exponen a ser víctimas de los hampones.
Asimismo, en los últimos días ha tomado fuerza el interrogante de los usuarios del servicio de energía eléctrica sobre el cobro que continúa realizando Afinia por el servicio de alumbrado público, a pesar de que la ciudad no cuenta con las calles iluminadas desde el 30 de abril de 2022, fecha en la que venció el contrato suscrito por la administración municipal con la Concesión de Alumbrado Público, la cual prestaba el servicio en la zona rural y urbana desde el 2007.
Así las cosas, por medio de la plataforma de Twitter los habitantes han expresado su inconformismo por el cobro de este servicio. “Señores si no hay contrato para el alumbrado público, el dinero que se está recaudando dónde lo están invirtiendo?”, manifestó un ciudadano en la red social Twitter.
Ante esta situación, el diputado Jorge Barros Gnecco, en el marco de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental del Cesar, exigió a las autoridades competentes explicaciones sobre la destinación de los recursos por concepto del impuesto de alumbrado público.
“Primero, quisiera saber todos esos meses que han cobrado el alumbrado público bien alto, ¿dónde están esos recursos? ¿para dónde va el dinero? ¿qué están haciendo para devolvernos el alumbrado público?”, sostuvo Barros Gnecco.
De acuerdo con información suministrada, el impuesto al servicio de alumbrado público es un tributo cuyo fundamento legal está dado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.
Luis Galvis, secretario General Municipal, aclaró que estos dineros tienen una destinación específica que se usan para “reinvertir” en el sistema de alumbrado público. Finalmente, frente al aumento de la tarifa de alumbrado público el funcionario aclaró que este es directamente proporcional al consumo de energía.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol