Desde el inicio de su aprovechamiento a gran escala, de la mano del nacimiento de la industria automotriz en las postrimerías del siglo XIX, el petróleo ha sido factor determinante del desarrollo y, también, ficha clave del ajedrez del poder en el tablero de la geopolítica mundial.
Chávez lo tenía claro y no dudó en poner los petrodólares del pueblo venezolano al servicio del Foro de Sao Paulo, que amalgama a las izquierdas del continente y sirve de mampara política a los pocos grupos terroristas que subsisten. Ese matrimonio parió muy pronto al Socialismo Bolivariano del siglo XXI, con el padrinazgo del régimen castrista, y hoy, después de quince años, no solo detenta el poder en una docena de países, aunque con diferentes dosis de fundamentalismo, sino que creó una institucionalidad continental que pretende sustituir a la OEA, pero sin Estados Unidos, y hoy le apunta peligrosamente a una Corte Penal que legitime los desafueros y violaciones de sus principales miembros a los Derechos Humanos, con la misma Venezuela a la cabeza.
Mientras esto sucedía, con mercado de petróleo demandante y barril por encima de 100 dólares, la comunidad internacional y los Estados Unidos se limitaron a la tolerancia despectiva hacia quien percibían como un folclórico dictador disfrazado de demócrata, pero manejable, al que había que mostrarle los dientes cuando se extralimitaba en sus peroratas antiimperialistas. Sus intereses no les permitían mirar hacia dentro de Venezuela, donde se cocinaba una receta conocida: populismo insostenible, protagonismo político del estamento militar, cuerpos civiles armados de control revolucionario, desaparición de la prensa libre, persecución a la oposición democrática y destrucción acelerada de riqueza, todo ello en una base de corrupción en los círculos de poder.
Colombia, por su parte, estrenó nuevo mejor amigo para sostener unas relaciones comerciales que pronto se tornaron inviables, y se plegó a esa institucionalidad que nada tiene que ver con su tradición democrática, su posición geopolítica y, menos aún, con su situación interna. Nadie ha explicado ¿Por qué un colombiano está al frente de una organización en la que ninguno de sus miembros reconoce a las Farc como grupo terrorista, como sí lo hacen la Unión Europea, Estados Unidos y muchos países? ¡Ah tiempos en que nos enorgullecíamos de Alberto Lleras en la OEA!, para pasar a este sentimiento medio vergonzante de Samper en Unasur.
Pero la situación ha cambiado abruptamente. La calificadora Moody’s advirtió del riesgo de default venezolano si el barril baja a 60 dólares. Estados Unidos, rebozado de petróleo gracias a la tecnología fracking, con mayoría republicana en el Congreso, con la presión del cada vez más poderoso exilio cubano y con alta dosis de ética de ocasión –hay que decirlo–, ha pasado de la tolerancia incómoda a las sanciones explícitas a Venezuela.
Con su economía destrozada y los ingresos petroleros menguados, se le acaba el cuarto de hora al socialismo bolivariano, lubricado con petrodólares que ya no existen ni existirán en el mediano plazo. Recuperarse de semejante hecatombe le llevará al vecino país más de los quince años que necesitó el chavismo para destruirlo, y lo malo es que estos regímenes dictatoriales, enfrentados al fracaso, se encierran cada vez más en su círculo represor y destructor de riqueza.
¿Qué será de Venezuela, de UNASUR y de nuestro proceso de paz con tan espurios garantes? Solo el petróleo lo sabe.
Nota bene: Como bien dice el Procurador, los más interesados en no impunidad con justicia transicional deberían ser las Farc, más aún cuando están perdiendo el piso de sus fracasados padrinos y la justicia internacional está alerta.
@jflafaurie