Tal como lo manifesté en la pasada columna, en estos tres años de legislatura que pasaron no se tramitó una sola iniciativa estructural que ayudara a eliminar las ineficiencias de los productores del campo e impulsara el crecimiento de la superficie y la productividad agrícola del país.
Los proyectos de ley radicados por algunos congresistas el pasado 20 de julio son propuestas inertes y utópicas que apenas contribuyen a perpetuar los problemas del campo. El agro colombiano está enfrentando muchos desafíos y uno de los más importantes es su desarrollo empresarial productivo sostenible para poder competir en los mercados internacionales. A exención de las flores, banano, café, aguacate hass, cannabis y ganado en pie, los demás productos no son competitivos en el mercado externo.
Para nadie es un secreto de que la internacionalización de la economía es un proceso creciente y a la vez imparable que afecta a todos los negocios independientemente al subsector agrícola o pecuario que pertenezcan. Los esquemas tradicionales funcionaban bastante bien cuando el negocio era simple: unos pocos productos, clientes estables en el mercado nacional y un escenario competitivo conocido y prácticamente invariable, pero ya hemos visto que las cosas cambiaron y por eso cada año son mayores los volúmenes de alimentos y materias primas importadas y menos las áreas cosechadas en nuestro país.
Mientras la demanda mundial siga creciendo, la competencia se va a endurecer más, por la sencilla razón de que ahora tenemos que competir “pelo a pelo” con agricultores de todo el mundo y con el mercado como único definidor del nivel de bondad de las cosas que hacemos. Cada día vemos en el mercado nacional competidores y clientes de países en los que hasta hace pocos años atrás ni siquiera habíamos pensado. Si no actuamos rápidamente nos van acabar lo poco que queda del campo. Ahí está el ejemplo del algodón.
Como consecuencia de este fenómeno es necesario actualizar las normas, planes y estrategias, para empoderar a los agricultores y ayudarlos a situar sus productos en cualquier parte del mundo donde exista demanda potencial. Así ha sucedido en países con los cuales competimos. En mis recorridos por algunas zonas agrícolas de Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Estados Unidos, entre otros países, quedé impresionado con la capacidad de innovación empresarial que utilizan esos agricultores, apoyados en el desarrollo tecnológico que termina convirtiéndose en un factor clave para la competitividad de las empresas. En Colombia, las leyes, los programas de asistencia técnica, modelos de transferencia de tecnologías y los esquemas de capacitación y formación, quedaron obsoletos hace rato y nadie hace algo por cambiarlos o actualizarlos.
Enfrentar la globalización de la economía requiere de una política pública a largo plazo que facilite los procesos, reduzca el costo país, garantice la seguridad jurídica de las inversiones, facilite el acceso a créditos, incentivos de coberturas de riesgos, transferencia de tecnologías, conocimientos y servicios públicos. Los congresistas, dirigentes gremiales y funcionarios del gobierno, como orientadores y administradores de la política agraria de este país, no pueden seguir aplazando esta urgente necesidad. Las respuestas ya no se encuentran en la historia y la repetición del pasado solo conduce al fracaso.