Polémica en el municipio de Curumaní. Un abogado aspirante al concurso de méritos para elegir personero municipal denunció que los concejales del municipio le habrían exigido alrededor de $30 millones para posesionarlo como personero, de lo contrario bajarían su calificación.
EL PILÓN conoció la denuncia. El abogado denunciante, Andrés Giovanny Niño, aseguró en el oficio presentado a las autoridades, que ocupaba la primera posición dentro de la lista de aspirantes que presentaron la entrevista ante el Concejo.
HISTORIA
El proceso lo había dirigido la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). La primera etapa del concurso tenía un valor ponderado del 90 % del total y los resultados de la entrevista que harían los concejales un 10 %.
Robert Fabián Rosado fue elegido personero. El abogado Andrés Giovanny Niño demandó y pidió que se declarara la nulidad de su elección, y a su vez denunció que algunos concejales cambiaron de forma irregular los resultados de la entrevista.
“Por parte del demandante se ha puesto en conocimiento diferentes amenazas y solicitudes económicas a cambio de obtener un puntaje favorable en la calificación de la entrevista o de no acceder se otorgaría una calificación negativa,
circunstancia a la cual no accedí”, señaló en uno de los puntos de la demanda.
Según dijo el demandante, al finalizar la entrevista, pasó puesto por puesto despidiéndose de los concejales. “Al despedirme de mano de cada uno de los concejales, observé las calificaciones de cada uno, donde había 2 puntajes de 100/100, uno de 96/100 y los otros puntajes promediaban los 70 puntos”, agrega en su denuncia.
Y cuenta: “Días después de la entrevista recibí una llamada de un número que marcaba como “privado”, informando que yo había ganado el concurso de personero municipal de Curumaní, pero para posesionarme debía entregar la suma de 30 millones de pesos, que ellos podían cambiar los resultados de las pruebas si querían, ante lo cual me negué”.
“CAMBIARON LOS RESULTADOS”
El abogado sostiene que, ante su negativa, el día de la publicación de resultados evidenció que el puntaje había cambiado, por lo que solicitó los formatos de calificación de la prueba con el fin de comparar los puntajes.
“El Concejo Municipal de Curumaní se negó a entregarme los formatos, motivo por el cual tuve que interponer acción de tutela, pero demoraron en entregarlos y solo se me dio una respuesta el día 11 de enero (…) De los 2 puntajes de 100, solo quedaba uno, el puntaje de 96 había desaparecido y los otros puntajes que promediaban los 70 puntos disminuyeron a la mitad, evidenciando una alteración de los documentos electorales, la misma era evidente en la firma de algunos formatos que no coincidía con la firma de otros formatos”, sostuvo.
La denuncia ya está en la Procuraduría Provincial de Valledupar, sin embargo no han requerido o informado sobre el inicio de una investigación, según Niño.
LA DEFENSA
EL PILÓN contactó a la defensa del Concejo Municipal, quienes emitieron un “pronunciamiento profundo y ajustado a derecho demostrando la legitimidad del proceso eleccionario realizado entre la ESAP y Concejo de Curumaní”.
Sobre el punto de que cambiaron las calificaciones, la defensa de los concejales argumentó que nunca le fue remitida información oficial con una calificación distinta a la definitiva en el concurso, en tal sentido, “se entiende que dicho registro solo pudo obtenerse de dos formas: de manera subrepticia adulterando los originales por un actor interesado en entorpecer la elección o dichos documentos pudieron haber sido creados de manera falsa”.
Por otro lado, la defensa recalcó que el abogado Andrés Giovanny Niño Caballero ha mostrado “estar en constante reclamación a una pluralidad de concursos en la región, en la mayoría de los casos por cuanto no se accede a sus pretensiones específicas”.
Y cierran señalando que los documentos aportados por el accionante, en los cuales se fundan aseveraciones inherentes a presuntas alteraciones de calificaciones, “son desconocidos por la corporación, por cuanto, los únicos auténticos son los remitidos de manera oficial al demandante previa solicitud del mismo, bajo el irrestricto cumplimiento de las disposiciones vigentes”. Por eso, consideraron que cualquier documento contrario a la respuesta oficial podrían ser falsos.