Calles sin andenes para los peatones, construcciones que invaden el espacio público o se edifican sobre terrenos naturales del Estado, son algunos de los problemas de irrupción que se siguen presentando en Valledupar.
Es común ver en diferentes sectores de la ciudad viviendas, establecimientos y otras estructuras, que de forma abrupta por parte de los propietarios se apropian de las zonas de antejardín y de los andenes, impidiendo el paso de los transeúntes.
El secretario de Planeación Municipal, Raúl Villegas, manifestó que varias viviendas del conjunto cerrado ‘María Isabela’ ubicado al noroccidente de la capital, podrían ser demolidas por presentar infracciones urbanísticas y que además no cumplen con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
“En este caso puntual, es una serie de casas de un conjunto residencial que no cumplen con el retiro de la acequia Las Mercedes”, es decir que un número considerable de residencias están muy cercas al afluente y por tal motivo deberán ser demolidas, según resolución sancionatoria emitida por esta cartera contra la Constructora Buen Hogar.
Algunos de los habitantes de las casas que oscilan entre los 200 y 300 millones de pesos, las cuales podrían ser destruidas, señalaron que están preocupados porque invirtieron dinero de sus ahorros para acceder a una vivienda digna y no les parece justo que por negligencia de la constructora se queden sin hogar.
Villegas indicó que toda infracción cometida en el área urbana debe ser corregida o en este caso demolida, a través de las resoluciones sancionatorias.
“La tarea misional de la Oficina de Planeación es hacer el control físico a las construcciones que se llevan a cabo en la ciudad, en ese orden de ideas desde que estamos en esta administración hemos tomado todas las medidas necesarias para que las personas que cometan infracciones urbanísticas, tengan que ser corregidas por parte de resoluciones”, dijo el funcionario.
Al parecer, la empresa de construcciones levantó dichas viviendas muy cerca a la acequia Las Mercedes, lo que generaría un gran impacto ambiental en la zona y por ende la directriz municipal ordena su demolición, “Se tiene que hacer algunas demoliciones de cierto número de casas al no cumplir con lo que establece el POT”, indicó Raúl Villegas.
Según el funcionario, la medida establecida por la Oficina de Planeación, está en proceso de apelación por parte de la Constructora Buen Hogar, responsable de las obras en el conjunto cerrado ‘María Isabela’.
“En este orden de ideas ya está en periodo de apelación que tiene que ser resuelto por la Oficina de Planeación, nosotros esperamos que en el término de unos tres meses se resuelva este proceso”.
La defensa
EL PILÓN contactó a uno de los voceros de la constructora, Edwar Mattos, para que se refiriera sobre las obras que se realizaron cerca del afluente pero no dio explicaciones claras del asunto y aseveró que el proceso está en manos de los abogados.
Sanciones económicas
“Es un proceso que en sí que le toca a cada propietario con el constructor, nosotros tenemos el proceso desde que se empezó a construirse, pero hasta ahora se toma en firme la resolución, que está en apelación y ya se determinará en unos meses la decisión definitiva”.
El Secretario de Planeación dijo además que la constructora deberá responder al municipio y a los propietarios de las casas, siempre y cuando el proceso favorezca dicha cartera. “Al municipio por las infracciones urbanísticas y a los propietarios por los perjuicios que les acarreé si la resolución en ultima decide que se deben demoler ese número de viviendas”.
Del mismo modo la constructora deberá pagar una sanción económica a la alcaldía que ronda los 300 millones de pesos.
En Valledupar se han impuesto multas que ya sobrepasan los 700 millones de pesos, a personas y constructoras que no cumplen con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial.
“En este momento van cerca de 750 millones de pesos que se han impuesto en multas y algunas de ellas van con la respectiva demolición, porque son obras que no cumplen con las medidas que establece el Plan de Ordenamiento Territorial”.
Más quejas
En la urbanización Ceiba Altagracia los habitantes se quejan la por la falta de acción por parte de la Oficina de Planeación, toda vez que no se están respetando las normas urbanísticas.
Los residentes denunciaron que sobre la carrera 35 con calle 6C se está levantando una vivienda que invadió por completo el área de antejardín y las autoridades no han tomado las medidas respectivas en el caso.
Otra de las quejas se refiere a los techos que funcionan como parasol para las viviendas, las cuales sobresalen del perímetro del hogar, hecho que está prohibido según la reforma urbana. Del mismo modo también existen escaleras para casas de dos pisos las cuales fueron construidas sobre la zona peatonal.
De acuerdo con Alexander Ortiz, uno de los afectados, poco a poco se roban el espacio público con cubiertas, parqueaderos y las áreas de antejardín, lo que denota el poco interés en solucionar este problema por parte de las entidades como Planeación, Procuraduría, incluso las mismas curadurías.
Lo que indica la ley
La Ley 9 de 1989 o de reforma urbana como es conocida, define el espacio público, como el “Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”.
La connotación de espacio público tiene fundamento constitucional, toda vez, que nuestra Carta Política consagra que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público, y por parte de los particulares a través de mecanismos como las acciones populares.
Invasiones del área peatonal
El lente de EL PILÓN recorrió diferentes sectores de la capital del Cesar y captó varias viviendas y establecimientos que al parecer de forma arbitraria invadieron casi que por completo el andén que le corresponde al peatón.
Por Mohamed Osman Díaz
Mohamed.osman@elpilon.com.co